Las reglas incluyen también a los grupos afromexicanos aunque no sean originarios, en su carácter de sujetos colectivos de derecho público y respetando plenamente su libre determinación y autonomía de ellos.
Esa decisión ya es jurídicamente legal pues se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La información indica que ambos esquemas están a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y, en tal sentido, Adelfo Regino Montes, titular del organismo, celebró la publicación y entrada en vigor de los acuerdos.
Ambos comenzarán a regir ya y permitirán normar la ejecución de recursos públicos de manera transparente, mediante reglas de operación claras, formuladas con el objetivo de beneficiar a los pueblos indígenas y afromexicano.
Los proyectos que plantea el Probipi serán de alcance comunitario y regional; además incentivarán la organización colectiva y perfilarán la reconstitución de los pueblos al hacer posible la participación de sus gobiernos comunitarios indígenas, así como la de sus instituciones representativas.
Este programa hace realidad la nueva relación del Estado con los pueblos y comunidades indígenas y afros, pues las acciones se construyen e implementan a través de procesos de planeación participativa y tomando en consideración sus legítimas demandas, reivindicaciones y aspiraciones de vida, explicó Montes.
El INPI aseveró que estas modificaciones a las reglas de operación de los esquemas ponen en el centro de la atención a esos pueblos como protagonistas fundamentales de la solución de sus problemas, superando las visiones individualistas y asistencialistas de los anteriores gobiernos neoliberales.
Entre los objetivos específicos del programa están “apoyar la implementación y ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos y comunidades mencionados, en especial, el derecho de libre determinación y autonomía, a sus tierras, territorios y recursos naturales.
También, a contar con sistemas normativos para resolver sus conflictos, a la participación y representación política y al efectivo acceso a la jurisdicción del Estado, así como promover el ejercicio de los derechos de las mujeres de ambos grupos.
Y finalmente, respaldar la implementación de proyectos económicos estratégicos que generen cadenas de valor asociados a la cultura y tradición de los pueblos.
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