La máxima instancia judicial resolvió que el INE carece de atribuciones para posponer el proceso de revocación de mandato presidencial propuesto por el mandatario Andrés Manuel López Obrador, y torpedeado hasta ahora por seis de los 11 consejeros del instituto, incluido su directivo Lorenzo Córdova.
Por el contrario, señala la resolución, al tener la obligación de garantizar su ejercicio, el instituto debe implementar las medidas y realizar los ajustes presupuestarios necesarios para que, en caso de cumplirse los requisitos constitucionales y legales, se continúe con dicho mecanismo de participación directa.
Después de un atraso en el inicio de la sesión, el pleno debatió el proyecto del magistrado Felipe Fuentes, aprobado por unanimidad y por el que se revoca el acuerdo del INE.
El texto establece vincular a la Secretaría de Hacienda para que coadyuve a propiciar la obtención de los elementos necesarios, así sea dentro de una perspectiva de austeridad, disponibilidad y eficiencia presupuestal para que sea factible garantizar la efectividad del derecho político electoral de participación ciudadana.
En la sesión virtual, Fuentes destacó que la insuficiencia presupuestal argumentada por el instituto en principio no es una razón válida prevista en la normativa para dejar de desarrollar actividades ya programadas sobre el desarrollo del proceso de revocación de mandato.
Además, fue incorrecto que sustentara dicha determinación en la existencia de una causa de fuerza mayor, pues incluso no se demostró fehacientemente la falta de recursos en este medio de impugnación, porque se omitió argumentar la imposibilidad de llevar a cabo otras medidas presupuestarias.
López Obrador se refirió al tema en su conferencia de prensa matutina en la que recomendó hacer un análisis del presupuesto del INE, cuánto gastan a diario en compras, renta de vehículos, combustible, viáticos, prestaciones y otras muchas cosas, incluidas rebajas de sus altos salarios.
Ahí pueden lograr una disminución, deben decir cuánto va a costar en realidad la consulta y cuánto van a liberar de su presupuesto para hacerlo, y luego que Hacienda vea, de acuerdo con las prioridades, cuánto podrían ayudar si es que tiene posibilidad de hacerlo sin afectar ningún programa, propuso.
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