Barrios irá a prisión tras rechazar el Tribunal de Apelaciones en lo Penal el recurso presentado por la abogacía del Centro Militar, que sostenía la prescripción de los delitos, a diferencia de las Naciones Unidas, respecto a los crímenes de lesa humanidad.
Contra el entonces alférez en 1972, y más tarde ascendido a mayor, pesan múltiples acusaciones y denuncias de su desempeño represivo en el Batallón de Ingenieros de Combate número cuatro, convertido en “carnicería de personas”, según diversos testimonios de sobrevivientes.
Cualquier militante de izquierda en el departamento Maldonado preso en esos tiempos recuerda al egresado de la célebre Escuela de las Américas, en Panamá, donde realizó el curso de contrainsurgencia “Internal Security Operations CC-6” entre el 1 de enero y el 5 de febrero de 1971.
“No distinguía entre hombres y mujeres, aunque a estas también las manoseaba, ni entre jóvenes o viejos, a todos torturaba con igual saña y placer” relataron
exprisioneros.
Sin embargo, con la vuelta a la democracia y bajo el gobierno del Partido Nacional, en 1990, asumió como director de Infraestructura Deportiva en el Campus de esa región.
A principios del 2000 se presentaron denuncias contra él y huyó a Paraguay, donde años después el fotógrafo Jorge Vidart detectó su escondite y permitió que la Interpol lo detuviera en diciembre de 2019 para cumplir con el requerimiento del fiscal de Derechos Humanos, Ricardo Perciballe.
El mencionado Centro Militar actúa como portavoz de exmiembros de las instituciones armadas, y defensor de represores de la dictadura acusados, así como en favor de la excarcelación de quienes cumplen condenadas por graves delitos de lesa humanidad.
Tal iniciativa del partido oficialista Cabildo Abierto recibió el rechazo del Frente Amplio, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y diversas organizaciones sociales.
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