Diverio aludió al gobierno de la coalición electoral de derecha instalado en marzo de esa fecha en Uruguay, al evaluar la situación actual de los trabajadores organizados que participan en obras públicas y viviendas.
Advirtió que las construcciones previstas llegarán a su fin en 2023 y “ahí el panorama es incierto” y muchas empresas trabajan en condiciones de desregulación laboral, sin pago de salarios acordes a los laudos, y recurren a subcontratos de empresas con pocas inspecciones del Ministerio de Trabajo.
El dirigente sindical reparó en que los grandes medios de comunicación no informan de esta situación y que solo pasa a ser noticia el conflicto desencadenado, en declaraciones a la revista Caras y Caretas.
Reconoció que 2021 cerró con una ocupación laboral de cerca de 52 mil trabajadores, 12 mil más que el año precedente, pero aclaró que se debe a obras de la nueva pastera, el ferrocarril central y construcción de viviendas sociales que terminarán a finales de 2022 o principios de 2023.
Asimismo subrayó que con la desregulación se torna muy difícil el control en obras de empresas privadas en barrios privados donde la forma de contratación no respeta los laudos y crece la informalidad.
De la seguridad e higiene señaló un avance importante por una mayor incidencia de los trabajadores organizados y que el delegado tiene la potestad de paralizar una obra si ve que hay riesgo de accidente.
Acerca de un proyecto de ley gubernamental de personería jurídica de los sindicatos, alertó que busca controlar su funcionamiento, cómo se financia, quienes son sus dirigentes, lo que no se hace con las cámaras empresariales.
Con vista al referendo revocatorio del 27 de marzo venidero para el que Sunca fue un activo recopilador de firmas, su dirigente afirmó que el gobierno detuvo por un tiempo el aumento de los precios de combustibles y otras medidas impopulares hasta después de la consulta ciudadana en las urnas.
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