Considerado el mayor siniestro de este tipo en la historia del país, alcanzó a más de 22 mil hectáreas y puso en riesgo pobladores debido a que algunos bosques ardidos se encontraban a 50 metros de caseríos.
Pero con la expansión de suelos dedicados a un negocio de multinacionales, se incumplió una normativa de distanciamiento de 500 metros establecida por la dirección de medio ambiente del Ministerio de Vivienda del precedente gobierno del Frente Amplio.
Convertida en cartera por la actual coalición electoral en el poder, su titular, Adrián Peña, de recorrido por zonas afectadas, prometió ordenar a las empresas forestales el acatamiento de la regla soslayada.
En compañía del ministro de Ganadería y Agricultura, Fernando Matto, Peña escuchó muchas quejas de lugareños que perdieron medios y frutos de trabajo para la manutención familiar y quedaron endeudados.
Mattos reconoció que “hay un deber de las empresas” y aseguró que se trabajará en la prevención y se buscará solucionar los problemas inmediatos, tales como falta de alambrado, y de alimento y de agua para los animales.
“Lo que hay es tierra quemada, desazón incertidumbre, ansiedad”, escribió un reportero del diario El País, porque «hay muchas tierras dentro del área, arrendadas por empresas forestales a ganaderos como apicultores y que sufrieron hasta un 90 por ciento de destrucción”.
Críticas, tanto de vecinos como de productores, se dirigieron sobre todo a las firmas de la industria celulósica porque, a su entender, no hay en las zonas forestadas una infraestructura adecuada como para prevenir un incendio así o combatirlo con más eficiencia.
Apenas hace una semana el presidente de la nación, Luis Lacalle Pou, vetó un proyecto de ley adoptado por mayoría parlamentaria para regular las extensiones de tierras dedicadas a forestales y garantizar las restantes producciones agropecuarias.
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