También se pidió en la misma causa 25 años de privación de libertad para su madre, por cohecho y asociación delictuosa al aceptar los sobornos a su hijo en los hechos de corrupción relacionados con la empresa brasileña Odebrecht.
Lozoya, quien fue extraditado desde España a mediados de 2020, es acusado de haber recibir dinero a cambio de contratos otorgados por el Estado a Odebrecht, para la campaña que llevó a Enrique Peña Nieto a la presidencia del país entre 2012 y 2018.
La FGR acusó formalmente a Lozoya, director de Pemex entre 2012 y 2016, por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho que, juntos, suman penas de hasta 39 años de cárcel y los de su madre hasta los 25 indicados.
El ente acusador asegura que Lozoya recibió más de nueve millones de dólares en sobornos de Odebrecht, que ocultó en empresas fachada y propiedades en colusión con su madre Gilda Margarita Austin de Solís, y otros familiares. A cambio, la constructora brasileña fue favorecida con contratos durante la gestión de Peña sin licitaciones.
Las fuentes agregaron que la pena es únicamente por la investigación relacionada con el caso Odebrecht. Tiene pendiente otros procesos judiciales como ordenar la compra con sobreprecio de una planta de fertilizantes.
El exdirectivo es pieza clave en las investigaciones de corrupción, en especial durante los gobiernos de Felipe Calderón (2008-2012) y Peña Nieto (2012-2018), períodos en los que México perdió la soberanía sobre el petróleo y la electricidad a manos de empresas extranjeras.
Lozoya ha acusado por corrupción tanto a Peña como a Calderón y otros expresidentes, así como una decena de exfuncionarios de aceptar sobornos, recibir pagos ilícitos y otros actos ilegales.
En opinión de la FGR, su madre Gilda Margarita también debe ser castigada por asociación delictuosa y cohecho, y a ese efecto entregó al juez de control José Artemio Zúñiga, del Centro de Justicia Penal en el Reclusorio Norte, un escrito de acusación contra ambos.
El exdirector de Pemex ofreció pagar cinco millones de dólares para reparar el daño causado al erario, pero hasta el momento la oferta no ha sido aceptada.
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