El 2022 comenzó con un presunto enfrentamiento, en esa demarcación fronteriza con Venezuela, entre el Ejército de Liberación Nacional y excombatientes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que abandonaron el proceso de paz, con saldo de 27 muertos.
El hecho conmocionó al país porque, además, según diversas versiones, dicho choque armado obligó a decenas de familias a desplazarse de sus lugares de origen en busca de refugio.
Sin embargo, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, puntualizó el jueves que los 27 cuerpos estaban en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y, preliminarmente, las inspecciones establecieron que todas las víctimas recibieron disparos a corta distancia en la modalidad de «sicariato» lo cual indica que no hubo combates.
La narrativa durante la semana fue que los hechos fueron protagonizados por los citados grupos armados y el gobierno señaló a Venezuela por esa situación.
Ayer viernes, el senador del partido Comunes Julián Gallo calificó de inaceptable la idea que el conflicto en Arauca es solo responsabilidad de dos grupos, una idea que, dijo, quiere imponer el gobierno colombiano y algunos medios de comunicación.
Durante una sesión especial de la Comisión de Paz del Congreso recalcó que «la situación presentada en Arauca tiene sus raíces en el abandono del Estado, la falta de atención a las necesidades de las comunidades y al incumplimiento en la implementación integral del Acuerdo de Paz».
Por su parte, el Partido Comunista Colombiano señaló que indigna que un departamento como Arauca, hipermilitarizado y con un gobernador militar (el general retirado Alejandro Miguel Navas), sea sacudido por los crímenes de ciudadanos y trabajadores.
«Más grave aún, ocurren en la frontera con la hermana República Bolivariana de Venezuela, ante la que el gobierno de Iván Duque mantiene rotas las relaciones, incuba propósitos desestabilizadores y contempla amenazas de intervención agresiva», subrayó al referirse a las insinuaciones sobre la supuesta responsabilidad de la crisis en Arauca del gobierno vecino.
Ante esos hechos, el llamado de distintas figuras políticas y organizaciones sociales fue buscar los espacios para dialogar y hallar una solución conjunta, en particular implementar el Acuerdo de Paz.
El inicio de 2022 también fue enlutado por la muerte de seis personas en dos masacres: la primera acción de ese tipo fue perpetrada en el municipio de Jamundí, departamento del Valle del Cauca, donde fueron asesinados tres hombres de nacionalidad venezolana.
La segunda fue en la zona urbana del municipio de Maní, departamento de Casanare, donde también murieron asesinados tres colombianos, entre ellos un menor de edad.
Mientras tanto, la Covid-19 generó una explosión de contagios, sobre todo con la circulación de la nueva variante Ómicron.
El último reporte del Ministerio de Salud confirmó 26 mil 190 nuevos casos y 59 fallecidos por la enfermedad. Las autoridades del sector esperan un aumento mayor de las cifras de afectados para los venideros días, al tiempo que insiste en la vacunación para evitar los contagios.
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