Por amplia mayoría, más de 300 participantes en asamblea gremial revocaron un previo acuerdo de disolver la centenaria institución médica y repartir asociados en otras similares, así como proporcionalmente, a mil 300 desempleados.
En una moción adoptada optaron por continuar la lucha en busca de una salida diferente, así como garantizar el cobro de salarios, vacaciones y todos los créditos laborales pendientes.
Insistieron en una gestión estatal para garantizar la totalidad de los puestos de trabajo, y representar el espíritu de los 40 mil socios, además del necesario aporte de su funcionamiento en el entorno, el barrio y la actividad comercial y social de la zona.
La crisis económica y administrativa acumulada por Casa de Galicia, que recibió años atrás dos fideicomisos estatales para salir a flote, puso en evidencia más casos de falta de viabilidad financiera en otras mutualistas privadas.
El presidente de la Federación Uruguaya de la Salud, Jorge Bermúdez, exigió un mayor control del dinero público proporcionado a instituciones privadas mediante auditorías periódicas y citó al respecto administraciones fraudulentas.
Recordó que en 2007 el primer gobierno del Frente Amplio impulsó una ley que define una serie de medidas para combatir la crisis de mutualistas que “ya se venía, para defender los empleos”.
Después de un cierre judicial el 23 de diciembre, la Administración de Servicios de Salud del Estado se hizo cargo de momento de las consultas en policlínica, los internados en tratamientos y los adeudos de empleados.
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