La gremial Sutel interpuso un recurso de intimación para detener una medida contenida en los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) hasta el resultado de un referendo derogatorio convocado para el 27 de marzo.
De ahí se desprende la urgencia de la coalición gobernante de imponer su polémico proyecto de servicio, de acuerdo con voces críticas de la oposición.
Con la portabilidad impuesta los clientes de telefonía móvil podrán cambiar de proveedor manteniendo el mismo número telefónico, lo que para Sutel beneficiará directamente a las empresas privadas Claro y Movistar
Estudios previos determinaron que la telefónica estatal perderá, en el mejor de los casos, 123 millones de dólares y, en el peor, 425 millones, al iniciarse en esta fecha la maniobra para favorecer a los mencionados competidores.
Otros datos expuestos indicaron la sustracción de un 11 por ciento del mercado de telefonía móvil de Antel y que un siete por ciento de esa tajada irá para Movistar y un cuatro por ciento para Claro.
Según denunció la revista Caras y Caretas, el presidente del país, Luis Lacalle Pou, sabe de ese previsible resultado y atribuyó “ese afán de beneficiar a los operadores privados y perjudicar a la empresa uruguaya a prepotencia e irresponsabilidad”.
El popular medio sostuvo que a los sectores más derechistas del Partido Nacional en el poder les queda poco tiempo para hacer lo que no pudieron lograr entre 1990 y 1995 bajo la presidencia de Luis Lacalle Herrera en referencia a los intentos fallidos de privatizar los principales entes públicos de servicios.
Reprochó que quieren destruir el Estado que construyó a principios del siglo pasado el entonces presidente y líder histórico del Partido Colorado, José Battle, y sin embargo el actual dirigente de la formación, Julio María Sanguinetti, y su «camarilla” apoyan los actuales planes de privatizaciones.
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