Según el informe de la organización, Orélien recibió dos millones de gourdes (unos 20 mil dólares) por el “levantamiento de la prohibición de salida dictada contra una personalidad”, sobre el que se presupone tiene vínculos con un sospechoso de magnicidio.
El reporte indica, asimismo, que, de los cuatro policías recientemente liberados por el magistrado, al menos uno de ellos le pagó 25 mil dólares estadounidenses.
La plataforma escribió a la Dirección Central de la Policía Judicial para que abriera una investigación lo antes posible, y esclarecer las denuncias.
El informe de la defensora de derechos humanos sale a la luz luego de la negativa del decano del Tribunal de Primera Instancia, Bernard Saint-Vil, a extender el plazo de la investigación solicitado por Orélien.
Saint Vil no ofreció explicaciones por la desaprobación que podría atrasar aún más la investigación del magnicidio ocurrido el 7 de julio.
Orélien asumió el archivo a finales de agosto tras la renuncia de su predecesor, y reportes locales indican que entrevistó a una treintena de personas, entre ellas la viuda Martine Moïse, exparlamentarios, policías y otras figuras de interés relacionadas con el caso.
Sin embargo, hasta el momento no se formularon cargos contra los cerca de 40 detenidos por el magnicidio, y recientemente el Gobierno de Colombia denunció amenazas a los abogados que intentaban asumir la defensa de los sudamericanos sospechosos.
Pese a la lentitud de la justicia haitiana, la investigación dio un nuevo giro en días recientes tras el arresto del empresario Rodolphe Jaar en República Dominicana, y del exsenador John Joel Joseph en Jamaica, mientras el militar retirado de Colombia admitió ante un tribunal estadounidense formar parte del comando armado que ultimó al mandatario.
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