Se trata de «una acción cobarde de la banda narcotraficante del autoproclamado Frente Décimos de las FARC (Martín Villa) mercenarios al servicio de las Fuerzas Militares de Colombia y de los Estados Unidos en el marco de un plan de las Fuerzas de Asistencia de Seguridad, el cual pretende eliminar la lucha social de Arauca y desestabilizar el gobierno venezolano», afirmó.
El atentado perpetrado cerca de la medianoche de hoy en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores funcionan otras organizaciones sociales como el Movimiento Político de Masas Social y Popular y los medios de comunicación Trochando Sin Fronteras y Sarare Estéreo..
«Mientras se militariza el territorio se atenta contra las comunidades, las organizaciones y el tejido social», advirtió por su parte el Movimiento al referirse al despliegue militar y policial a raíz de la crisis de seguridad vivida desde el inicio de este año 2022 en este departamento fronterizo con Venezuela.
De acuerdo con un video divulgado en Facebook, líderes sociales se encontraban en un taller sobre derechos humanos en la sede del Movimiento Político de Masas Social y Popular cuando se produjo el hecho.
«El hecho se produjo luego de que sujetos abandonaran una camioneta blanca a escasos metros de la sede. Las organizaciones reportaron tres heridos leves, no se tiene certeza de otros heridos en edificaciones aledañas, como el ICA y la Cooperativa de Transportadores el Sarare-Cootrasarare», señalaron periodistas de Trochando sin Fronteras.
A las voces de repudio se unió el presidente de la CUT, Francisco Maltés, quien, además, exigió al gobierno de Iván Duque garantías reales para ejercer el sindicalismo. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) también rechazó el atentado y advirtió que urge acción integral del Estado, implementación del Acuerdo de Paz, y garantías para la vida de quienes defienden la vida.
«Exigimos al Gobierno Nacional acciones inmediatas orientadas a cumplir con su deber de protección de la vida del liderazgo social» manifestó Movice.
En una reciente entrevista a Colombia Informa, Sonia López, representante de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra señaló que Arauca es un territorio altamente militarizado donde hay más de nueve mil militares, además de la policía y la armada, puntualizó.
«Esa militarización no ha estado al servicio de proteger la vida, integridad, bienes y proyectos de la población araucana, sino al servicio de los intereses del capital nacional y extranjero, principalmente al cuidado de la infraestructura petrolera. Si la militarización fuera la solución a la crisis humanitaria del territorio ya se hubiera solucionado», enfatizó.
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