La penalización respondió a la negativa de Varsovia a derogar una ley que, según el mecanismo regional, afecta la libertad de expresión y acción de jueces y magistrados.
Por ese concepto el ejecutivo encabezado por el presidente Andrzej Duda deberá erogar ahora el equivalente a un millón de euros diarios contados a partir del pasado 3 de noviembre, toda vez que el día 10 venció el plazo otorgado por Bruselas para que ese país hiciera cambios en su sistema judicial.
La cuestionada reforma polaca contempla que los jueces y magistrados pueden ser objeto de investigaciones disciplinarias, procedimientos y sanciones en función del contenido de sus decisiones.
Según la UE la ley socava la independencia legal y no da las garantías necesarias para proteger a esos funcionarios públicos del control político.
Si el Gobierno de Varsovia se niega a pagar el mecanismo comunitario podría retener la financiación asignada al país.
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