La noticia salió a la luz luego de que el decano del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe rechazara una petición de prórroga en la pesquisa, y en medio de acusaciones de corrupción emitidas por la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (Rnddh).
El martes, Saint Vil desestimó formalmente la solicitud de ampliar el tiempo de indagación solicitado por el magistrado, que asumió el caso a finales de agosto tras la renuncia de su predecesor.
Por su parte, un informe de la Rnddh aseguró que Orélien recibió sobornos por unos dos millones de gourdes (poco menos de 20 mil dólares) de un presunto implicado en el magnicidio. La organización aseguró que al menos uno de los cuatro policías liberados recientemente por el juez le entregó una suma de 25 mil dólares.
El magistrado emplazó al coordinador de la plataforma, Pierre Esperance, a mostrar pruebas del presunto soborno y amenazó con tomar acciones judiciales, pero poco después se retiró del caso.
Medios locales aseguraron que la Dirección Central de la Policía Judicial abrió una investigación sobre las acusaciones, aunque aún no lo anunció de manera formal.
Con el despido de Orélien la investigación pudiera empantanarse aún más, mientras cerca de 40 personas, entre ellas 18 colombianos, se encuentran detenidos en la Penitenciaría Nacional, sin que se les formulen cargos.
El primer ministro Ariel Henry, aseguró este viernes que su Gobierno está, más que nunca, decidido a llevar a término la investigación del asesinato, y los autores y patrocinadores del “atroz crimen” deben ser perseguidos y castigados.
No obstante, la propia Rnddh e investigaciones de prensa vinculan a Henry con el abogado Joseph Felix Badio, prófugo de la justicia y señalado por las autoridades como uno de los planificadores del magnicidio.
Hasta la fecha, el jefe de Gobierno califica las acusaciones de “desviaciones”, sin ofrecer otros detalles.
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