“No permitiremos que se vulnere la participación política de los peruanos, menospreciando, condicionando y sometiendo su voluntad a merced del parecer único del Congreso”, aseveró en un mensaje difundido por Internet.
La polémica ley fue ratificada por el Congreso el viernes último con celeridad inusitada y sin debatir las observaciones que presentó el Ejecutivo al observar, seis días antes, el texto aprobado en diciembre pasado por el Legislativo.
Castillo ratificó la decisión de impugnar la legislación ante el Tribunal Constitucional, porque es “antidemocrática e inconstitucional”, así como contraria al reclamo popular de una asamblea constituyente.
“El país necesita ser refundado ante una evidente crisis, dándole el único poder a la ciudadanía”, añadió, lo que implica reemplazar a la constitución neoliberal vigente.
Se refirió a la nueva ley como un “atentado contra la población que ha exigido por años el cambio de una Constitución concebida en la dictadura”, alusión al régimen neoliberal de Alberto Fujimori, actualmente encarcelado por crímenes de lesa humanidad y corrupción confesa.
Según el presidente peruano, el Parlamento opositor “olvida que el poder del Estado emana del pueblo y se debe a su representatividad” y los ciudadanos tienen derecho a apostar por su propio bienestar.
De otro lado, la llamada ley candado contra la constituyente fue criticada por el excandidato presidencial Yonhy Lescano, del partido centrista Acción Popular (AP), cuya bancada parlamentaria apoyó la controvertida legislación.
Lescano recordó que AP, liderado por el entonces presidente interino Valentín Paniagua, promovió desde 2001 el cambio de la constitución fujimorista.
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