“Repudiamos y condenamos la decisión del juez que liberó al feminicida y violador sentenciado a 30 años de prisión sin derecho a indulto y que luego de ser liberado siguió cometiendo crímenes atroces contra mujeres”, escribió el jefe de Estado en Facebook.
Arce exigió en su cuenta de la red social “una sanción ejemplar con todo el peso de la ley”.
“Un administrador de justicia, que favorece con la libertad a una persona con semejantes antecedentes criminales, atenta contra el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, aseguró el dignatario.
Según informes policiales, el psicópata sexual fue condenado y encarcelado en 2015, sin embargo, en diciembre de 2019 debido a un supuesto cáncer obtuvo la detención domiciliaria por 18 meses y no regresó a la prisión.
Esta semana la sociedad boliviana quedó conmocionada con reportes de prensa sobre el hallazgo de dos cadáveres de mujeres adolescentes en la vivienda de Choque en la ciudad de El Alto, por lo cual fue arrestado.
Ya el acusado confesó haber sepultado a las dos occisas y fuentes policiales presumen que el número de sus víctimas rebasa las 75.
El reo es investigado, además, por las ilícitas de trata y tráfico de personas, proxenetismo, pornografía y porte de armas de fuego.
Iván Lima, ministro de Justicia, confirmó este viernes el arresto de Alcón, investigado por prevaricato al beneficiar con detención domiciliaria al asesino sexual.
“Reitero, el juez Alcón está en este momento en calidad de aprehendido y vamos a pedir la detención preventiva del mismo para que pueda responder a los graves crímenes que ha ocasionado”, aseguró el titular en conferencia de prensa.
Lima calificó de intolerable la situación, la cual en su opinión amerita que se actúe con toda la fuerza del Estado.
Aseveró que su cartera y el Tribunal Supremo de Justicia son querellantes en este caso y que la Fiscalía ha actuado con la debida celeridad.
Juan Lanchipa, fiscal general del Estado, cifró en 108 los feminicidios registrados en Bolivia en 2021, y en 113 el total correspondiente a 2020.
El Ejecutivo de Luis Arce declaró a 2022 Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización como una respuesta «estructural» a los casos de feminicidio en el país andino-amazónico.
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