La denuncia ante la comunidad internacional, países garantes del proceso de paz, Cuba y Noruega, Misión de Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Contraloría, detalló un conjunto de situaciones que confirman su preocupación.
Hace un año se presentó el retiro de escoltas de los esquemas en que estaban implementados, porque la UNP no estableció acciones para resolver la situación de los contratos del grupo de escoltas que culminaban al final de año 2020, detalló.
Al terminar diciembre de 2021 se repitió la misma situación y quedó claro que se trata de la ejecución de una política de gobierno dirigida a la desprotección de los firmantes de paz, agregó Comunes por medio de un comunicado.
En esta ocasión, manifestó, la acción se desarrolla omitiendo reanudar a tiempo los contratos de los vehículos de esquemas de protección, situación que incrementa en el día de hoy y en plena campaña electoral.
Agregó que la finalización del contrato entre la UNP y la empresa Security Rent, sin que la dirección haya tomado acciones para enfrentar el periodo en que la dicha firma deja de operar hasta el reinicio del contrato, dejó sin protección a más de 26 usuarios de la subdirección especializada.
Desde hoy la seguridad de los beneficiarios de los esquemas de protección queda bajo la responsabilidad del Director de la UNP, dado que dejó a la Subdirección Especializada sin posibilidad de cumplir las acciones que le corresponde ejecutar, recalcó en el texto.
«Reafirmamos que estas medidas, ejecutadas por la dirección de la UNP, dejan claro que se trata de la aplicación de una política de gobierno destinada a elevar los riesgos que enfrentamos los exguerrilleros de las antiguas FARC-EP, hoy en proceso de reincorporación, e inmovilizar al partido Comunes en plena campaña electoral», expresó.
En tal sentido, demandó acciones inmediatas, urgentes, del gobierno nacional para reactivar las medidas de protección a los compañeros que quedaron en total desprotección.
Enfatizó que cualquier eventualidad que se presente contra algún firmante de paz es responsabilidad del gobierno nacional y resultado de las acciones gubernamentales contra el acuerdo de paz.
El pasado jueves, la Corte Constitucional emitió un fallo que declaró el Estados de Cosas Inconstitucionales ante la falta de garantías de seguridad para los exguerrilleros colombianos por parte del gobierno. El representante a la Cámara del Congreso del Partido Comunes Sergio Marín, en entrevista con Prensa Latina, señaló que, en términos de la historia de los fallos de la Corte, este en particular podría caracterizarse como inédito.
Sobre todo, puntualizó, porque no solo dice que hay una violación flagrante a los derechos de los firmantes del Acuerdo de Paz como ha dicho en otras ocasiones, sino que ordenó al Estado y gobierno colombianos a garantizar la seguridad de los excombatientes firmantes de paz.
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