Un comunicado estableció, además, que el proceso responde al estricto apego a la carta magna y a las leyes vigentes, así como a los plazos legales y a la programación de las agendas contra las personas encarceladas en la Dirección de Auxilio Judicial y en arresto domiciliario.
De acuerdo con la información, los acusados infringieron la Ley de Seguridad Soberana y el Código Penal de la República, cometieron menoscabo a la integridad nacional con recursos de fuentes extranjeras y participaron en delitos de lavado de dinero, bienes y activos.
La entidad gubernamental subrayó que esos acusados reincidieron en sus atentados contra los derechos de la sociedad nicaragüense, comprometieron la paz y promovieron y dirigieron los actos terroristas del intento fallido de golpe de Estado en 2018.
Durante esas acciones, apuntó el texto, el país sufrió una paralización, daños a la economía y los asesinatos, torturas y secuestros cometidos por los delincuentes llevaron luto a las familias, crearon zozobra y lesionaron los intereses supremos de la nación centroamericana.
El documento refirió, asimismo, que los reos protagonizaron actos en menoscabo de la independencia, soberanía y autodeterminación de Nicaragua, incitaron públicamente a la injerencia extranjera y gestionaron bloqueos económicos, comerciales y financieros contra las instituciones.
También, reveló, llamaron a la intervención armada de potencias como Estados Unidos y demandaron y celebraron la imposición de sanciones unilaterales por Washington y la Unión Europea.
Según el anuncio, el Ministerio Público, en cumplimiento con el ordenamiento jurídico, continuará las diligencias necesarias para la defensa y representación de las víctimas y del pueblo nicaragüense y velará por la calidad y objetividad del proceso penal y el respeto a los derechos constitucionales.
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