La Asamblea Nacional aprobó en diciembre de 2020 esa legislación relacionada con la defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz y como condena a los promotores de los actos de desestabilización.
El mensaje a la ciudadanía estableció, además, que el proceso responde al estricto apego a la Carta Magna y a las leyes vigentes; así como, a los plazos legales y a la programación de las agendas contra las personas encarceladas en la Dirección de Auxilio Judicial y en arresto domiciliario.
De acuerdo con el comunicado, los acusados infringieron también la Ley de Seguridad Soberana y el Código Penal de la República, cometieron menoscabo a la integridad nacional con recursos de fuentes extranjeras y participaron en delitos de lavado de dinero, bienes y activos.
La entidad gubernamental subrayó que esos criminales reincidieron en sus atentados contra los derechos de la sociedad nicaragüense, comprometieron la paz y promovieron y dirigieron los actos terroristas durante el intento fallido de golpe de Estado en 2018.
En el contexto de esas acciones, apuntó el texto, el país sufrió paralización, daños a la economía y los asesinatos, torturas y secuestros cometidos por los delincuentes llevaron luto a las familias, crearon zozobra y lesionaron los intereses supremos de la nación centroamericana.
El documento refirió, asimismo, que los reos incitaron públicamente a la injerencia extranjera; gestionaron bloqueos económicos, comerciales y financieros contra las instituciones, llamaron a la intervención armada de potencias como Estados Unidos y demandaron la imposición de sanciones unilaterales. jha/dgh
