Crysol dirigió una carta al recién investido magistrado en el cargo, John Pérez, a quien recordó sentencias de instancias jurídicas internacionales para juzgar crímenes de lesa humanidad imprescriptibles.
En la misiva difundida se proclama que “la justicia es un derecho de todas las víctimas y una necesidad social para afirmar la democracia, el Estado de derecho y generar las condiciones que impidan la repetición de tan luctuosos sucesos”.
A este respecto mencionó entre los casos pendientes de dilucidar las desapariciones de Luis Eduardo González y Óscar Tassino, más los asesinatos de Diana Maidanik, Laura Raggio y Silvia Reyes, conocido como el caso de las muchachas de abril.
Los expresos políticos pidieron una reunión con todos los ministros de la Corte para tratar la situación de las causas judiciales vinculadas a la dictadura, ya que según percibieron la mayoría de los magistrados es contraria a ese reclamo.
El pronunciamiento de Crysol choca con el intento del partido oficialista Cabildo Abierto y de los militares de trasladar de prisiones a domicilios a exrepresores de la dictaduras condenadas por crímenes y torturas del terrorismo de Estado.
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