Al igual que los docentes, los bomberos del país se encuentran contra la pared ante la negativa de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), en contubernio con el ejecutivo y la Asamblea Legislativa, de incrementar sus salarios y que se garantice una jubilación que no los arroje a la indigencia.
El presidente del Sindicato de Bomberos Unidos de Puerto Rico, José Tirado, reveló que solo 60 de 300 bomberos se reportaron este sábado al primer turno.
“La desesperación de estos servidores públicos de primera línea de defensa es tal que continúan firmes en sus reclamos”, expresó.
En la víspera, más de seis mil docentes paralizaron las labores en las escuelas públicas del país para marchar hasta La Fortaleza, sede del ejecutivo, mientras otros se mantuvieron protestando frente a sus planteles a lo largo y ancho del país.
Esta acción será emulada por los bomberos puertorriqueños el próximo miércoles ante la falta de compromiso del gobernador Pedro R. Pierluisi, de atender sus reclamos, dijo Tirado.
Ambos sectores de empleados públicos llevaron sus reclamos ante la Asamblea Legislativa y el gobierno sin que se evidencie una disposición a atender el asunto, mientras se avanza en un plan de ajuste de deuda que conllevará el pago de miles de millones de dólares a fondos buitres como parte de la deuda pública.
Tirado indicó que el miércoles bomberos de todo el país realizarán una gran manifestación desde la mañana frente al Capitolio para luego marchar hasta La Fortaleza, donde esperan que el gobernador Pierluisi los atienda personalmente.
“Nuestros compañeros están agotados de tanta conversación sin resultado”, se quejó el presidente del gremio, luego que el viernes la secretaria de Gobernación, Noelia García Bardales, los recibiera sin asumir ningún compromiso con sus reclamos.
El sindicalista reiteró que queremos reunirnos con el gobernador Pierluisi y que sea él quien ofrezca las explicaciones y las soluciones de justicia mínima para los bomberos de Puerto Rico.
Los reclamos de los miembros del Cuerpo de Bomberos responden a que la jueza federal Laura Taylor Swain aprobó el plan de ajuste de la deuda que reajusta lo que Puerto Rico pagará a sus acreedores de unos 73 mil millones de dólares a unos 33 mil millones.
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