El congresista dijo a Prensa Latina que la iniciativa responde al vacío que hay en el proceso de paz frente a los ataques criminales de los que ha sido objeto y se propone reformar el Código Penal para crear un nuevo tipo delictivo que sancione la obstrucción a la paz y establecer las circunstancias de agravación punitiva.
Este proyecto pretende que «los enemigos de la paz no sigan intentando por métodos y vías ilegales acabar con la paz en Colombia y con lo que hemos logrado construir», agregó el legislador.
La iniciativa propone penas de prisión de 10 a 15 años, multa de mil a 10 mil salarios mínimos mensuales vigentes, y en interdicción de derechos y funciones públicas de 10 a 15 años a quien obstruya los acercamientos o diálogos entre representantes del Gobierno con grupos armados al margen de la ley.
También contempla la implementación de acuerdos de paz y procesos de reincorporación a la vida civil de desmovilizados, para impedir su realización.
Cepeda advirtió que no se trata de censurar y perseguir a los enemigos de la paz porque es lícito tener críticas al proceso de paz y discutir el Acuerdo, pero que «es muy distinto adelantar acciones ilegítimas e ilegales como, interceptar las comunicaciones de los negociadores y acabar con la vida de las y los constructores de la paz».
La iniciativa legislativa, de su autoría, incorpora tres nuevos artículos al Código Penal: el primero se denomina ‘obstrucción a la paz’; el segundo, establece las circunstancias de agravación punitiva de la conducta; y el tercero, sobre la vigencia de la ley.
Explicó que, con relación al segundo artículo, la pena prevista se aumentaría si ocurre en alguna de las siguientes circunstancias: se consuma el fin perseguido, se cometa por servidor público que ejerce autoridad o jurisdicción o se emplean bienes del Estado.
Además, si como consecuencia del ilícito se cause la muerte o lesiones personales a mujeres excombatientes, constructoras de paz, defensoras de derechos humanos o lideresas sociales.
El documento del proyecto concluye que, a pesar de los incumplimientos en la implementación del Acuerdo Final, no hay dudas de que la búsqueda de la paz es urgente.
En tal sentido, urge desarrollar una política criminal para hacerle frente a conductas que obstruyan de manera ilegal e ilegítima la concreción de la paz.
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