Su más reciente motivo de alarma fue la bienvenida del presidente de la nación, Luis Lacalle Pou, a una delegación que promueve trasladar de cárceles a reclusión domiciliaria a culpables de asesinatos y torturas durante los años de 1973 a 1985 de terrorismo de Estado.
El portavoz del colectivo de dolientes, Ignacio Errandonea, denunció la amplificación oficialista de la visita a la Oficina Presidencial, de un autodenominado grupo de “familiares de presos políticos” para advertir una presunta grave situación de privados de libertad «en forma ilegítima”.
Sin embargo, todos ellos fueron debidamente procesados por la Justicia y se encuentran en un establecimiento que dispone de reconocidas condiciones óptimas de alojamiento y atención médica.
Errandonea recordó que agencias de Naciones Unidas le manifestaron al gobierno las obligaciones de “juzgar y condenar”, y no aplicar medidas como la prisión domiciliaria.
“No nos olvidemos que violaron, mataron, secuestraron, hicieron desparecer gente, o sea, habría que preguntarse qué delito no cometieron”, agregó.
Hermano de uno de las 197 víctimas de la dictadura cuyo destino desconoce, rechazó un proyecto de ley patrocinado por el partido militar Cabildo Abierto, integrante de la coalición gubernamental, para excarcelar a mayores de 65 años de edad, para beneficiar así a exrepresores.
“Estos señores, que están presos, que dicen pobrecitos los viejitos, muchos de ellos participaron de la desaparición de nuestro familiares y saben dónde están y lo siguen manteniendo secuestrados”, reclamó de “un crimen que cometen hoy”, expresó.
El pasado 9 de diciembre una masiva manifestación en Montevideo repudió dicho proyecto de ley y centralizó la exigencia de “memoria, verdad y justicia”.
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