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Haití vivió una semana de protestas y crisis política

Puerto Príncipe, 12 feb (Prensa Latina) Crisis política, protestas antigubernamentales y por aumentos salariales, además de la negativa del primer ministro haitiano, Ariel Henry, de abandonar el cargo, marcaron la semana que concluye hoy.

El pasado lunes finalizó oficialmente el mandato del presidente asesinado Jovenel Moïse y las fuerzas de la oposición abogaron por la renuncia de Henry para instalar un Gobierno de transición.

Sin embargo, el jefe de Gobierno, que asumió el cargo dos semanas después del asesinato de Moïse, dejó claro su intención de realizar elecciones y llamó a los actores políticos a unirse para organizar comicios justos y transparentes.

“Esta vez le toca al pueblo haitiano ponerse de pie, elegir a las personas adecuadas que estén listas para obedecer la ley, que tengan buenos proyectos, para entregar la responsabilidad de dirigir el país en todos los niveles”, dijo Henry en un discurso desde su residencia oficial en la capital, y reiteró que todo lo que no sea elecciones constituye una distracción.

Horas antes decenas de personas se movilizaron en esta capital para reclamar un nuevo Gobierno y exigir justicia para Moïse.

Los manifestantes levantaron barricadas con neumáticos en llamas y bloquearon algunas arterias en Petion Ville, al sudeste de Puerto Príncipe.

Protestas similares se repitieron el miércoles y jueves, esta vez protagonizadas por empleados del sector textil, quienes exigieron un aumento salarial para enfrentar la inflación y el incremento en los precios de los productos de primera necesidad.

Los trabajadores piden un salario de mil 500 gourdes diarios (poco menos de 15 dólares), lo que representa un incremento de tres veces su salario actual.

Los honorarios de este gremio se mantienen inmóviles desde 2019, pese a que las leyes del país estipulan un ajuste si la inflación supera las dos cifras.

A este panorama se suma el aumento de los precios de los combustibles, que duplicó el costo de la gasolina, el diésel y el queroseno, con su consecuente impacto en la canasta básica.

Todo ello en un país en que más del 40 por ciento padece inseguridad alimentaria y cerca de un millón de personas se encuentra en estado de emergencia, cifras que se dispararon tras el terremoto del 14 de agosto.

gas/ane

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