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Presidente argentino declara en causa Vialidad

Buenos Aires, 15 feb (Prensa Latina) El presidente argentino, Alberto Fernández, declaró hoy como testigo en la causa conocida como Vialidad, que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de la obra pública nacional en la provincia Santa Cruz entre 2003 y 2015.

El caso, en el que está imputada la vicepresidenta Cristina Fernández -quien denunció ser víctima de una persecución judicial sin precedentes-, señala además a otras 12 personas por supuesta corrupción en la obra.

El mandatario declaró en esta jornada como testigo ante los tribunales de Comodoro Py, después que su testimonio fuera pedido por la defensa de la expresidenta y de otros dos acusados, el empresario Lázaro Báez y el exministro de Planificación Julio De Vido, por su condición de exjefe de Gabinete en aquel entonces.

“Me llama mucho la atención el sentido de esta causa. Están acá discutiendo decisiones políticas, no judiciables”, sostuvo el mandatario en su declaración y añadió que esas decisiones que se tomaron en materia presupuestaria no fueron arbitrarias.

La aprobación de un presupuesto no lo decide un Presidente, es un trabajo donde intervienen muchas jurisdicciones y después va el Congreso, acotó.

Durante su testimonio, que se extendió por casi tres horas, el jefe de Gobierno respondió preguntas de las defensas de los acusados y luego de las restantes partes.

Al exponer ante el Tribunal Oral Federal 2, el gobernante resaltó que “no hay un criterio único para distribuir la obra pública. Es política y la política es el arte de manejar la realidad y la realidad es cambiante”.

Desde el reinicio del debate oral ya declararon como testigos otros exjefes de Gabinete como Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal y Jorge Capitanich.

Al presentarse a juicio oral en mayo de 2019 por esta causa, la vicemandataria señaló que se trataba de una denuncia efectuada por el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri sobre obras públicas viales llevadas a cabo enteramente en la provincia de Santa Cruz.

No se trata de una denuncia original, sino de un refrito de denuncias desde el año 2008, armadas por diputados de la Coalición Cívica, en las cuales Comodoro Py (en referencia a los tribunales) se declaró incompetente en el año 2011 y la justicia de Santa Cruz las sobreseyó por inexistencia de delito, recordó en aquella ocasión.

gas/may

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