En su discurso desde el Palacio de la Moneda, Piñera incriminó a los migrantes al asegurar que las bandas de crimen organizado los utilizan para labores de narcotráfico, tráfico de armas y de personas, así como para el contrabando de mercancías en general.
Según refirió el mandatario, el estado de excepción entró en vigencia la víspera por 15 días con posibilidad de renovarse otras dos semanas, y habilita la colaboración entre las Fuerzas Armadas y Carabineros para controlar la migración en las regiones de Arica, Parinacota, Tamarugal y Loa.
En este contexto, se sumaron 100 carabineros a la frontera y 672 efectivos del ejército que, de conjunto, efectuarán patrullajes y controles y establecerán nuevos puestos de observación, con cámaras, aviones no tripulados y helicópteros para vigilancia y traslado.
Piñera esclareció que su política migratoria descarta a quienes pretenden ingresar ilegalmente a la nación.
Asimismo, enfatizó su negativa a quienes presuntamente ingresan engañando o faltando a la verdad con documentos falsos, pasando por pasos no habilitados y a los que tienen antecedentes penales o comenten delitos en suelo chileno.
Varias organizaciones de la sociedad civil de Chile como el Colegio de Periodistas y red de periodistas migrantes alertan sobre lo peligroso de este lenguaje y enfoque antiinmigrantes que, a través de la visión simplista del fenómeno, fomenta la xenofobia, llegando incluso a la violencia física.
El pasado 4 de febrero el relator especial de la Organización de Naciones Unidas para los derechos de los migrantes, Felipe González, calificó de muy lamentable la nueva agresión a migrantes en una manifestación en Iquique, en el norte del país.
En declaraciones a Diario UChile, el sacerdote jesuíta y activista Felipe Berríos aseguró que no se puede continuar negando el fenómeno migratorio ni amenazando o militarizando la frontera, sino que se precisa una visión integral que permita apuntar al fondo del fenómeno.
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