La petición realizada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP tuvo lugar luego de conocer las circunstancias y algunos patrones que rodearon el asesinato de 35 firmantes del Acuerdo de Paz, que habían solicitado activar su ruta de protección.
Al concluir una audiencia de seguimiento a las medidas cautelares adoptadas por la JEP, los magistrados también le solicitaron a la Unidad Nacional de Protección (UNP) abandonar la perspectiva caso a caso y la exhortó a enfocarse en regiones o tendencias nacionales.
La Sección recomendó, además, implementar en la Subdirección Especializada un procedimiento rápido que permita atender las amenazas a comparecientes, cuyo motivo de fondo sea una oferta de reclutamiento ilegal.
Insistió en que es necesario crear un mecanismo que agilice la atención de estos casos que directamente impactan la misión del Sistema Integral para la Paz.
En muchos casos estos comparecientes son asesinados por no aceptar el ofrecimiento de los grupos ilegales y en otros casos se tienen que desplazar o terminan reincidiendo.
De acuerdo con la JEP, existen al menos cinco fallas en la protección de exguerrilleros reincorporados a la vida civil.
Señaló, entre otras, la omisión o ausencia de implementación de las medidas de protección que se adoptan tiempo después de ordenarse o en la respuesta oportuna a las solicitudes de protección presentadas.
De los 35 casos examinados, transcurrieron 10 meses en promedio, entre la presentación de la solicitud de protección y el asesinato del compareciente.
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