La calle principal de la isleta del Viejo San Juan, el área cercana al estadio Hiram Bithorn y el centro comercial Plaza Las Américas y la zona bancaria de Hato Rey sirvieron de escenarios a múltiples manifestaciones con un mismo objetivo: que miles de servidores públicos no queden estrangulados económicamente.
La advertencia del gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, “que no se vuelva a repetir”, dirigida a las maestras y maestros del sistema público la semana pasada, ha resultado en acrecentar la indignación generalizada.
“Sepan la Junta (de Supervisión Fiscal), Pierluisi y los legisladores que votaron por esto (Plan de Ajuste de la Deuda) que no nos vamos a quitar”, dijo la presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico, Mercedes Martínez.
La dirigente magisterial aseguró que “estamos donde tenemos que estar y merecemos un retiro digno; hablamos de la vida de nuestro país”.
Martínez calificó de buitres y corruptos a los integrantes de la JSF, a los que imputó llevar a las maestras y maestros a la indigencia.
El gobierno puertorriqueño destinará 10 mil millones de dólares al pago adelantado de parte de la acreencia de la deuda pública, que no ha sido auditada, tal como se ha reclamado.
Esto provocará que, además de pagar aquella parte considerada ilegal por haberse hecho al margen de la constitución isleña, se beneficien fondos buitres que adquirieron bonos a 35 centavos o menos de dólar y ahora reclaman el 100 por ciento del valor original.
Tal determinación implica que los empleados públicos, además de tener sus salarios congelados, la mayoría desde hace 14 años, tampoco puedan retirarse con el 75 por ciento del mismo después de 30 años de servicio y 55 años de edad, como se estableció en su reclutamiento.
Reclamos de retiro digno, justicia salarial, negociación colectiva y no a la privatización de servicios públicos esenciales marcaron las distintas protestas que terminaron en La Fortaleza, sede del ejecutivo en el Viejo San Juan, y en la zona bancaria en Hato Rey, frente a las oficinas de la JSF.
Este organismo, impuesto en 2016 por Washington mediante la ley Promesa tras la bancarrota de esta isla del Caribe, bajo su dominio colonial desde hace 123 años, ha impuesto un plan de ajuste fiscal que dejaría en la miseria a la mayoría de los trabajadores públicos, con ingreso mensual promedio de 600 dólares.
Las manifestaciones contra la política del gobierno se registran hace semanas, luego que comenzaron con los docentes y bomberos, a los que el gobernador Pierluisi benefició con aumentos salariales.
Esto no ha detenido la lucha del movimiento sindical, a la que se han sumado trabajadores de distintas áreas por mejoras salariales y un retiro digno, como centenares de empleados clasificados del Ministerio de Educación, afiliados al Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT).
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