Para algunos historiadores, la aplicación del término militarismo en su más estricto sentido académico, entendible como intervencionismo en los asuntos de exclusiva competencia de las autoridades civiles, no aplica para esta nación.
Al respecto, en declaraciones para Prensa Latina , el máster en Historia Militar Edgar Alejandro Lugo señala que “las primordiales características para identificarlo reposan en estas conductas: sectarismo, conservadurismo, religiosidad, identidades alineadas con el modelo de gobernanza del Estado presente».
Por su parte, el analista político Juan Ramón Guzmán acota que la historia de Venezuela es fundamentalmente militar, desde su fundación como República.
Sin embargo, parte de una peculiaridad y es que -según su criterio- a diferencia de América Latina, los mandos militares de esta nación no provienen de una casta oligárquica hereditaria; al contrario, son una extensión uniformada del mismo pueblo.
Para Guzmán, ese sector no ha sido una institución aislada del resto de la sociedad, “el militar venezolano, desde su creación institucional-formal aún en 1810, pasó por múltiples transformaciones sociológicas, sin perder su origen popular. Fue negro cimarrón, indio levantisco, zambo irredento y pardo indisciplinado».
En esa misma línea se pronuncia el máster en Filosofía de la Guerra Fernando Rivero, quien explicó que la presencia de los militares en la vida política del país, desde las guerras independentistas y el accionar de Simón Bolívar, coincide con la percepción de un ejército nacido del pueblo.
La mayoría de los investigadores concuerdan en que esos orígenes populares, alejados de la casta ortodoxa, sectaria, autocrática, predominante en el Cono Sur, facilitó la asimilación de una propuesta cívico-militar promulgada y consolidada por el líder de la Revolución bolivariana, Hugo Chávez (1999-2013), tras asumir el poder.
Orígenes de la unión cívico-militar
Corría el año 1989 y el país suramericano se hundía en una grave crisis económica, que el entonces presidente Carlos Andrés Pérez intentaba «salvar» aplicando un paquete neoliberal del Fondo Monetario Internacional.
Los anuncios del mandatario derivaron en fuertes protestas, disturbios, saqueos, manifestaciones de rechazo, revuelta que terminó en una de las mayores masacres sociales del siglo XX en América Latina, conocida como el Caracazo.
Tres años después, poco o nada había cambiado y el recuerdo de aquel baño de sangre perduraba en la memoria de un pueblo que se ahogaba en la miseria y la desolación.
Así, el 4 de febrero de 1992, en un intento por devolver la dignidad a la nación, un grupo de militares al mando del entonces teniente coronel Chávez organizó una rebelión que, a pesar de su fracaso, marcó el inicio del fin de una época de democracias representativas corruptas y decadentes.
No alcanzaron los objetivos y la rebelión culminó con más de una veintena de bajas y la detención de sus implicados. Tras ser apresado, y para evitar más derramamiento de sangre, Chávez se dirigió a la tropa y expresó: «Por ahora los objetivos que nos planteamos no han sido logrados…».
A partir de ese momento comenzó a desmontarse la democracia representativa y nació la rebeldía que abonó el camino para la consolidación del proyecto socialista y su mayor fortaleza: la unión cívico-militar, de acuerdo con los historiadores.
Al llegar a la presidencia en 1999, además de convocar un proceso constituyente, el exmandatario implementó un plan de atención social denominado Bolívar 2000, el cual incluía a las instituciones del Estado y las Fuerzas Armadas.
Uno de los objetivos de ese plan era darles una participación activa a estas últimas en la construcción del nuevo modelo social y pretendía superar su distanciamiento con el pueblo, tras su participación en el Caracazo.
El siglo XX en América Latina nos mostró su rostro más violento y fue el eje de la transición del golpe de Estado a la doctrina militar estadounidense, las guerras de cuarta y quinta generación. Es sobre esa base que surgió el nuevo pensamiento militar venezolano, subrayó Lugo.
Esa concepción nació como respuesta alternativa para construir la Seguridad y Defensa de la Nación, la cual se convirtió, sin duda alguna, en la planificación estratégica más acertada y contundente del nuevo gobierno, acotó el investigador.
Guzmán, en tanto, la definió como una fusión política horizontal, que nada tiene que ver con el civilismo burgués y la supeditación militar porque tienen orígenes e intereses de clase distintos.
De esa vinculación, enriquecida durante la construcción de la llamada Agenda Bolivariana, las fuerzas castrenses renacieron a través de una idea de transformación nacional en la que se concibió al pueblo como un gran ejército.
La unión cívico-militar se concretó con la creación de la Milicia Nacional Bolivariana el 13 de abril de 2009, siete años después de que la movilización combinada de sectores civiles y militares derrotara el golpe de Estado en contra de Chávez y lo regresara triunfal a la silla presidencial entre un mar de pueblo y uniformados leales.
El concepto de pueblo en armas o guerra de todo el pueblo ha sido esencial en la resistencia popular de Venezuela contra las agresiones de Estados Unidos, Colombia y la derecha nacional.
«El pueblo debe prepararse para la defensa, los pescadores, deben ser soldados, pero no solo de palabra, no, adiestrados en el uso de las armas», subrayó Chávez el 14 de marzo de 2010 y resaltó la resistencia de Cuba, como ejemplo de lo que podía lograr el pueblo uniformado.
¿Militarización o defensa de la soberanía nacional?
A lo largo de más de 20 años del proceso bolivariano, Colombia se convirtió en la cabeza de playa para promover acciones desestabilizadoras contra Venezuela, apoyadas y financiadas por los consecutivos gobiernos de Bogotá.
La exportación de sus conflictos armados hacia la frontera, la instalación de campamentos de paramilitares entrenados por agentes norteamericanos e israelíes, el tráfico de drogas y, más recientemente, las incursiones de Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos, son algunos de esos ejemplos.
Paradójicamente, medios de prensa, ONGs de dudosa imparcialidad y algunos gobiernos, desconocen esa realidad y condenan la supuesta militarización de las fronteras nacionales.
Rivero considera esta estrategia como parte de la batalla semiótica y transversal desarrollada por Washington, la cual pretende arrebatar símbolos, destruir la filiación político-emocional del pueblo con sus dirigentes y demoler la identidad nacional.
«La militarización de las fronteras venezolanas está más relacionada con la Seguridad y Defensa de la Nación, que con un comportamiento netamente militarista», afirma enfático Lugo al analizar este fenómeno.
TROPAS VENEZOLANAS EN FRONTERA CON COLOMBIA
En el último año uno de los ejemplos más conocidos de esa guerra tercerizada se ha vivido en el estado de Apure, limítrofe por el sur con el país vecino y escenario de los más encarnizados enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los irregulares.
De acuerdo con el investigador, las bases militares estadounidenses instaladas en territorio neogranadino, la asociación de Colombia con la Organización del Tratado del Atlántico Norte en 2018 y el arribo de la Brigada de Asistencia de la Fuerza de Seguridad del Ejército norteamericano esbozan la planeación estratégica diseñada para el control de Venezuela.
El paramilitarismo, puntualiza, intenta fortalecerse en el eje Zulia-Táchira-Apure porque esa área, en los planes del Pentágono, es una dirección táctica de aproximación para lograr objetivos operacionales definidos, tanto en el escenario de una guerra convencional como en una guerra irregular.
Mientras en la frontera se mantienen los enfrentamientos armados, al interior del país bandas criminales protagonizan ataques contra las fuerzas de seguridad.
El estado de Aragua ha sido el más reciente escenario de esas acciones violentas, de las cuales el vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz de Venezuela, Remigio Ceballos, responsabilizó a Estados Unidos, Colombia y países europeos.
Según el alto mando en declaraciones recientes, son estos gobiernos los responsables de armar a esos grupos delincuenciales para validar la teoría del Estado frágil.
En tales circunstancias, en medio de un escenario de Guerra No Convencional, la intensificación de las medidas coercitivas unilaterales de Washington, condenar a Venezuela por fortalecer sus fronteras y consolidar su estrategia de defensa nacional, es cuando menos un acto hipócrita.
Mientras, la unión cívico-militar se mantiene como una de las mayores fortalezas de la Revolución bolivariana. Al decir del presidente, Nicolás Maduro, “es la inquebrantable garantía del futuro de la paz y la felicidad de nuestra amada patria”.
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