La entidad -nacida tras la firma de ese pacto histórico entre las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias del Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP)y el gobierno de Juan Manuel Santos, en representación del Estado- alertó sobre el aumento de hostilidades y la organización y presencia de grupos armados ilegales en 12 zonas del país.
Según dijo, las cifras de ese tipo de hechos y cantidad de estructuras sobrepasan los estándares internacionales de medición de conflicto armado interno.
De acuerdo con las cifras provenientes del Mecanismo Unificado de Monitoreo de Riesgos presentadas por la a Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, durante el año 2021 se registraron 329 muertes violentas ocasionadas en el marco del conflicto armado en el país, de estas, 24 corresponden a civiles y 89 a miembros de la fuerza pública.
Detalló que durante el 2021 se presentaron las cifras más altas de violencia desde la firma del Acuerdo Final de Paz y fue el año con mayor cantidad de masacres (93), desplazamientos forzados masivos (146), combates entre fuerza pública y grupos armados ilegales (228), y hostigamientos a la fuerza pública (134).
Igualmente, aumentaron los casos de reclutamiento forzado a niños, niñas y adolescentes (89), enfatizó la UIA.
Reportó el aumento en hechos que podrían constituir graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocasionadas por los grupos armados ilegales como el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas, el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias guerrilleras coordinadas por ‘Gentil Duarte’ e ‘Iván Mordisco’.
Señaló igualmente que en 2021 registró afectaciones a sujetos individuales y colectivos que participan en la JEP.
En tal sentido el 60 por ciento de los homicidios contra reincorporados de las extintas FARC-EP (comparecientes ante la JEP) ocurrieron en las zonas de conflicto armado identificadas por la UIA.
Añadió que el 10 por ciento de las organizaciones que han presentado informes ante la JEP han registrado por lo menos una grave violación a los derechos humanos en sus territorios.
La UIA recordó que estos hechos afectan de manera grave la participación de víctimas, testigos y demás intervinientes en la Jurisdicción y en las demás entidades del Sistema Integral de Paz.
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