La Junta de Portavoces del Congreso de la República no recibió ningún proyecto de legisladores de extrema derecha que anunciaron que promoverán la vacancia debido a acusaciones de corrupción de la empresaria Karelim López, contra el mandatario.
El principal impulsor de la medida, Jorge Montoya, quien pensaba plantear el tema para su inclusión en la agenda del plenario de hoy, declaró que espera reunir las 54 firmas a favor de debatir la medida, las que pidió a los legisladores, a los que envió una lista de 18 temas que, según él, deben sancionarse con la vacancia.
El primer intento de vacancia no alcanzó esa valla y fuentes parlamentarias advirtieron que es casi imposible que, de lograrlo esta vez, es casi imposible que consiga el apoyo de dos tercios de los votos del Parlamento necesarios para aprobarse.
En ese contexto, el legislador de izquierda Guillermo Bermejo afirmó que “Un Congreso con 82 por ciento de desaprobación no tiene autoridad moral de vacar al presidente”, afirmó.
Se refirió así a los resultados, difundidos hoy, de una encuesta del no gubernamental Instituto de Estudios Peruanos (IEP) que verificó la impopularidad del Parlamento bajo control de la oposición, que solo tiene una aprobación de 14 por ciento.
El sondeo indicó además que la presidenta conservadora del Legislativo, Maricarmen Alva, acusada de complotar para vacar a Castillo y hacerse de la jefatura del Estado, tiene una aprobación de solo 20 por ciento y una desaprobación de 73 por ciento.
El empeño de cesar a Castillo se intensificó tras la difusión ayer de un testimonio de la empresaria Karelim López, que lo acusa de encabezar una red corrupta que abarca al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva -quien rechazó la imputación-, a quien la oposición se propone censurar (destituir).
López incluyó en su declaración ante la Fiscalía, que busca aminorar su condena por corrupción, a cinco parlamentarios del partido centrista Acción Popular, que anunció una indagación a los imputados, cuya bancada los respaldó plenamente.
Los legisladores, al igual que Castillo, las bancadas congresales de izquierda y parte del centro, sostienen que lo dicho por López no puede invocarse para sancionar a los señalados y previamente debe verificarse e investigarse lo dicho por la empresaria.
En ese marco, la subcomisión legislativa de acusaciones constitucionales aprobó que el Legislativo debata una acusación contra Castillo por infracción constitucional y posible traición a la patria (por la supuesta intención de ceder territorio a Bolivia para su salida al mar), una ruta alterna para defenestrar al mandatario.
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