En un comunicado, el gobierno indonesio calificó la declaración de los expertos de la ONU de «tendenciosa», y dijo que ignoraba «datos e información verificables» ya presentadas por Yakarta sobre esas mismas acusaciones.
Al respecto, negó que las autoridades hubieran obstruido la ayuda o llevado a cabo desplazamientos forzados y señaló que la gente se había trasladado debido a una serie de factores, como los desastres naturales y los conflictos tribales.
La declaración argumentó que era necesario desplegar fuerzas de seguridad en algunas zonas debido a los ataques contra civiles por parte de «grupos criminales armados».
Este martes, tres expertos independientes de la ONU dijeron que entre abril y noviembre de 2021 recibieron denuncias que indicaban varios casos de ejecuciones extrajudiciales, incluidos niños pequeños, desapariciones forzadas, torturas y desplazamientos forzados de al menos cinco mil papúes.
La declaración citó las estimaciones de que entre 60 mil y 100 mil personas fueron desplazadas internamente en Papúa desde una escalada de violencia en diciembre de 2018.
Los expertos también destacaron el aumento de la violencia desde 2021 y señalaron que se ha producido un «aumento» de las redadas para capturar a los separatistas armados que han dado lugar a arrestos y detenciones arbitrarias.
Citando informes de que la ayuda a los papúes desplazados estaba siendo obstruida, los expertos pidieron acceso humanitario y que se permitiera el acceso de observadores y periodistas independientes.
Los separatistas de esa región buscan su independencia durante décadas, alegando que una votación de 1969 supervisada por las Naciones Unidas que puso a la antigua colonia holandesa bajo el control de Indonesia fue ilegítima.
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