Una comunicación del secretario general interino de la Presidencia, Beder Camacho, al titular opositor de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, pide a este que excuse al jefe de Estado de declarar presencialmente ante el grupo legislativo. “Sin embargo, el señor Presidente manifiesta su disposición para responder por escrito cualquier consulta que requiera la Comisión, para lo cual solicitamos se envíe el pliego de preguntas”, agrega.
El interrogatorio estaba programado para el lunes próximo, para tomar la declaración del presidente sobre sus reuniones privadas fuera del palacio de gobierno, y el investigado Bruno Pacheco, exsecretario general de la Presidencia.
También sobre la empresaria Karelim López, investigada por posible corrupción, al igual que Pacheco, y cuya declaración ante la fiscalía, filtrada a la prensa, involucra a Castillo en posibles casos de corrupción, lo que él niega.
De otro lado, el Gobierno observó y planteó cambios a una ley que fija límites a la facultad presidencial de designar ministros, al fijar requisitos para acceder a ese cargo y al de viceministro.
El vocero de la bancada del partido izquierdista Perú Libre (PL), Waldemar Cerrón, mencionó entre los detalles de la ley aprobada por el Congreso, que exige una experiencia de cinco años en altos cargos gubernamentales para ser ministro o vicetitular.
“De esa manera solo podrán ser ministros los mismos funcionarios de siempre” y no se dará oportunidad a los jóvenes, añadió.
Al mismo tiempo, la subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió una imputación por diversos cargos contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
Según fuentes parlamentarias la denuncia es una represalia contra Ávalos porque postergó las investigaciones al mandatario hasta el fin de su mandato, teniendo en cuenta su inmunidad, un procedimiento que se ha usado siempre.
El mismo grupo parlamentario aprobó estas semana una acusación contra el presidente Castillo, por supuesta traición a la patria, que fue impugnada por el partido oficialista PL.
Por otra parte, está pendiente de presentación en el Parlamento una moción de extrema derecha para vacar (destituir) a Castillo por “incapacidad moral permanente”.
En medio de la escalada opositora, una encuesta de la empresa Datum indicó que la vacancia de Castillo por el Parlamento solo tiene el apoyo de 17 por ciento, mientras 38 por ciento opinan que debe terminar su mandato en 2026 y otro 38 por ciento cree que debe renunciar.
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