Montaño desacreditó ante representantes de medios periodísticos la movilización y acusó a esta fuerza opositora de promover “un paro político para defender a los delincuentes, a los que se han robado la plata”.
Afirmó el titular que la medida de presión es acatada solamente “por sectores atrincherados en el Comité pro Santa Cruz” e invitó a la población a que acuda a las instituciones públicas para realizar sus trámites.
Por su parte, el dirigente nacional de los gremialistas, Juan Carlos García, reiteró que ese sector en el departamento cruceño no acatará la medida y pidió garantías a las autoridades competentes ante la posibilidad de que el dirigente Rómulo Calvo movilice a sus tropas de choque.
“Hay grupos como es el grupo de la juventud cruceñista, todos ellos que vienen a apalear a nuestros hermanos, aprovechándose de que caminan en grupos; por eso, nosotros creemos de que las autoridades llamadas por ley tienen que darnos garantías”, declaró al canal Bolivia TV.
García comentó que a diferencia de los dirigentes cívicos, los gremiales viven de su jornada diaria y un paro les impide a ellos llevar el pan del día a sus hogares.
“Nosotros vamos a salir a vender –reafirmó-, nuestros puestos se van a abrir, porque no podemos perjudicarnos un solo día, pero, también, necesitamos que nos ayuden las autoridades nacionales».
Contrastó la situación de los acusados durante el régimen de facto, sin salvaguardas legales, con la de Rómulo Calvo, quien en la democracia reinante cuenta con varios abogados para asumir su defensa en libertad.
“El señor Calvo ha cometido delitos. Hacer uso indebido de su profesión y cobra por una profesión que no le corresponde, eso tiene que aclarar en la justicia, esto no es persecución política”, subrayó.
Al referirse al tema, el diputado del Movimiento al Socialismo Héctor Arce vaticinó el fracaso de la medida de presión convocada para este viernes.
Explicó que la población necesita y quiere trabajar y, por tal motivo, esta protesta será “una más que va a quedar en el olvido”.
Según Arce, el reo es procesado por no realizar su trabajo como cualquier servidor público, por tanto el paro intenta torcer el brazo de la justicia y es netamente político.
El Comité Cívico de Santa Cruz, en una reunión realizada la semana pasada, llamó a realizar esta medida de presión en defensa de su presidente, Calvo; y de la exgobernante de facto Jeanine Áñez, recluida a la espera de dos juicios relacionados con el golpe de Estado de noviembre de 2019.
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