«Hoy, las y los peregrinos por la paz regresamos a la capital y retomamos la movilización permanente a nivel nacional como el camino para que nuestras voces en defensa de la vida sean escuchadas», expresaron en un acto celebrado en la Plaza de Bolívar, luego de una caminata realizada desde el Planetario.
En declaraciones a Prensa Latina, Manuel Antonio González, señaló que le asesinaron un hijo que, como él, fue firmante del Acuerdo de Paz, pero también le desaparecieron un hermano y un sobrino.
González, quien es parte de la dirección nacional del Partido Comunes, explicó que cuando las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo y el gobierno, firmaron el Acuerdo de Paz en 2016, «el compromiso fue con el pueblo colombiano y dejarle la paz a la nueva generación».
«Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a la ONU, a los países garantes (Cuba y Noruega), para que nos sigan acompañando porque gracias a ellos la paz no la han vuelto trizas como era la intención» del actual gobierno, expresó.
Aseguró que la vuelta a la guerra es un punto que jamás será considerado, y van a seguir el camino a favor de la tranquilidad y la defensa de la vida.
Hizo una invitación al pueblo colombiano a que los rodeen, los acompañen porque -recalcó- no van a desfallecer en la construcción de un país en paz.
Los peregrinos señalaron el agravamiento de la situación de violencia contra los exguerrilleros reincorporados a la vida civil y sus familiares en lo últimos años, en particular en el actual contexto electoral.
Recalcaron que el proceso de reincorporación requiere de acciones concretas que blinden y garanticen la dignidad no solo de los y las firmantes, también para sus familiares.
En ese sentido, exigieron la transformación de la resolución 4309 de la Agencia para la Reincorporación y Normalización que impide la extensibilidad de derechos a viudas e hijos e hijas.
Demandaron la reactivación del seguro de vida y la implementación del seguro de exequias para las personas en proceso de reincorporación.
Asimismo, la construcción participativa y de una actualización permanente de mapas de riesgo territorial, que permitan identificar el nivel de riesgo para las comunidades, líderes sociales, defensores de derechos humanos y colectivos y personas en proceso de reincorporación en varios departamentos.
Pidieron a las instituciones el Estado «ponerse las botas por la paz·, acompañarlos en esta movilización por la defensa de la vida y a exhortar al Gobierno Nacional a la implementación integral del Acuerdo de Paz».
De acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, desde enero de este año a la fecha, suman siete los firmantes asesinados y 306 desde la firma del Acuerdo en 2016.
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