Su Mecanismo de Prevención de la Tortura (MNP) lo constató a partir de la ampliación solicitada de un informe de 2021 realizado por la Asociación de Defensores Públicos (Adepu).
El análisis de Adepu es coincidente con el de MNP en cuanto a que “el Estado uruguayo incumple la obligación de garantizar el acceso a abogados a todas las personas detenidas”, y también “al debilitamiento de las garantías durante los primeros momentos de la detención”.
Ambas instancias objetaron la extensión por la LUC de hasta cuatro horas el período en que la persona arrestada puede permanecer sin notificación al fiscal o juez y “se dispuso una presunción relativa de legitimidad en la actuación policial, que representa una riesgosa inversión de la carga de la prueba en materia penal”.
Los defensores públicos denunciaron en 2020 y 2021 un total de 102 situaciones, de las cuales catalogaron 62 de abuso policial en la que “se considera el uso excesivo de la fuerza en los procedimientos tanto en la detención como en momentos posteriores”.
La Inddhh puntualizó en una serie de recomendaciones dirigidas al Ministerio del Interior, la Suprema Corte de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, la importancia de cumplir con la garantía de asistencia jurídica, para los que no cuenten con medios para recurrir a un defensor privado.
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