El trabajo se hace directamente en el estado de Michoacán y es parte de una estrategia encaminada a impulsar el origen de armas a nivel estatal, expresó en un comunicado la Fiscalía General de Justicia de esa entidad.
Con ese propósito, explica, Michoacán creó una bóveda de resguardo de evidencias que es parte de un proyecto diplomático con participación de la ONU con el cual los gobiernos michoacano y estadounidense buscan reducir el número de armas que circulan en ese estado, uno de los más violentos de México.
La bóveda resguarda un arsenal digno de un ejército pequeño. En decenas de anaqueles yace la pista para resolver miles de homicidios y el registro de lo cruenta que ha sido la guerra michoacana: aquí, han sido catalogados más de mil rifles y pistolas y 700 mil casquillos, recopilados a lo largo de los últimos siete años.
Entre ellos, señala la descripción, se incluyen municiones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el extinto Pacto de Varsovia, algunas de las cuales tienen conexión directa con asesinatos y masacres.
Autoridades de Michoacán insisten en que el objetivo final ya está muy cerca, el cual es llevar a la bóveda de evidencias michoacana a tener las certificaciones totales y permitirle recibir acceso a las bases del gobierno estadounidense, para que agentes locales puedan usar la información en tiempo real, durante sus investigaciones de tráfico de armas.
Esa interconexión, aseguran, permitiría vincular a las subsedes de Zamora, Lázaro Cárdenas o Apatzingán con la información de Washington y daría pie a que cualquier arma encontrada en territorio michoacano pueda ser rastreada hasta el punto de fabricación y venta en Estados Unidos, complicando la capacidad de las organizaciones criminales michoacanas para abastecerse de armamento.
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