Al rechazar la solicitud, el organismo impuesto por Washington mediante la Ley Promesa consideró que el gobernante puertorriqueño cuenta con otras opciones para mitigar en la población el efecto del alza de los precios del petróleo en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
La solicitud de Pierluisi se produjo cuando el consorcio privatizador canadiense-estadounidense LUMA Energy reclamó al ente regulador un alza de cuatro céntimos en el kilovatio hora (kvh), lo que lo colocaría en 31 centavos de dólar.
La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, recordó en una carta al mandatario que, además, ese fondo está destinado a proteger a los ciudadanos y las empresas en caso de un desastre.
La funcionaria del organismo de control fiscal apuntó que Puerto Rico cuenta con mil 700 millones de dólares de fondos provenientes del Plan de Rescate Americano, que podría emplear para otorgar a las familias créditos energéticos que pueden provenir del Fondo de Recuperación Fiscal Estatal y Local.
“El gobierno podría, por ejemplo, priorizar el desembolso de los 35 millones que Puerto Rico recibió para la asistencia energética en el hogar a través del Programa de Asistencia para la Energía de Hogares de Bajos Ingresos”, indicó Jaresko.
La Junta de Supervisión Fiscal estableció que, igualmente, el gobierno de Pierluisi tiene a su disposición 565 millones de dólares del Programa de Ayuda de Emergencia para el Alquiler, que servirían para asistir a los ciudadanos de escasos recursos con las facturas vencidas de servicios públicos o para ayudar a personas en propiedades alquiladas que no pueden cubrir sus costes de electricidad.
Jaresko le recordó al mandatario puertorriqueño a poner en marcha el proceso de inversión en energía renovable para romper la dependencia del petróleo.
Esta semana el gobernador anunció el fin de la bancarrota de Puerto Rico, luego de pagar más de ocho mil millones de dólares a los acreedores, aunque la JSF permanecerá, como mínimo, hasta que se establezcan cuatro presupuestos sin déficit.
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