En un encuentro realizado en el palacio de gobierno, el mandatario escuchó las críticas indignadas de padres, hermanos e hijos de los asesinados por un escuadrón ilegal de exterminio dedicado a dar muerte o desaparecer a sospechosos de acciones armadas bajo el gobierno fujimorista.
Entre los visitantes estuvo Gisela Ortiz, hermana de uno de los 10 estudiantes que, junto a un profesor, fueron secuestrados dela Universidad La Cantuda, torturados, asesinados, cremados y enterrados clandestinamente.
Ortiz, quien recientemente fue ministra de Cultura del gobierno de Castillo, dijo que los familiares tienen el derecho irrenunciable a la justicia y calificó como ilegal el fallo del TC que restableció el indulto a Fujimori decretado en 2017.
Aquel indulto fue otorgado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y anulado tras comprobarse su ilegalidad por la Corte Suprema, aunque el TC apeló a un tecnicismo -que un juez penal no tiene jerarquía para revertir un indulto- para restablecerlo.
Ortiz aludió al TC al deplorar que Perú tenga instituciones tan frágiles que toman decisiones que atropellan los derechos de todos en beneficio individual y exigió que el Gobierno tome medidas contra el fallo por no ser justo que la lucha de 30 años de los deudos termine siendo en vano.
“No es justo que este atropello no deje siquiera envejecer tranquilos a quienes llevan 30 años de lucha sufrimiento y lucha por la justicia”, dijo a su vez el congresista de izquierda Guillermo Bermejo, quien acompañó a los familiares en la audiencia.
De otro lado, el primer ministro, Aníbal Torres, comparó hoy a Fujimori con el nazi Adolfo Hitler y pidió a la población solidarizarse con los familiares de las víctimas del expresidente condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y corrupción.
Por su parte, el ministro de Justicia, Alejandro Salas, dijo “como ciudadano y como ministro” que el Gobierno aguarda conocer oficialmente los argumentos del fallo del TC y adelantó que ningún dictamen puede sobrepasar a los derechos humanos y que todo lo que sea contrario al derecho puede revertirse.
Entretanto, el presidente del TC, Augusto Ferrero -cuyo voto dirimente rompió el empate entre tres jueces favorables y tres contrarios al fallo- admitió que el dictamen puede ser apelado a instancias internacionales, como hicieron organizaciones de derechos humanos.
El ex primer ministro y parlamentario oficialista Guido Bellido rechazó la decisión del TC, que calificó como desafortunada y debe motivar una reforma de la modalidad de elección de los jueces constitucionales, actualmente nombrados por el Parlamento.
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