Una inspección del organismo público detectó que el legislador y su esposa, la ministra de Vivienda, Irene Morena, y su suegro, el coronel retirado Roque, explotan cuatro mil 330 hectáreas, de las cuales dos mil 856 están afectadas a la ley colonización de 1948.
A tenor con esa la legislación, los beneficiarios con tierras otorgadas para fomentar su explotación están obligados a residir en ellas y realizar trabajos directos, lo que incumple la pareja de acuerdo con lo verificado.
Los tres familiares explotan dichas tierras a través de la sociedad anónima Palomar S.A. presidida por la ministra e INC exigió la presentación del título de contraventa de fracciones afectadas a fines de colonización.
Sin embargo, uno de los 135 artículos cuestionados de la LUC permite al colono beneficiado a permanecer fuera del predio, inclusive en la capital, mientras muchas familias del campo reclaman igual oportunidad para asentarse en áreas rurales.
Durante el debate parlamentario de Rendición de Cuenta presupuestal, legisladores del Frente Amplio se opusieron a la extracción de fondos del INC para la compra de tierras para adjudicarlas a núcleos pobres.
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