El proceso pendiente está referido al asesinato de seis civiles perpetrado en 1992 en la provincia de Barranca, en el norte de la región de Lima, por el Grupo Colina, destacamento militar encargado de dar muerte a reales o supuestos sospechosos de terrorismo.
El mismo grupo ilegal cometió las dos masacres por las que Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel, la misma pena que el fiscal del caso pendiente pidió al instalarse el juicio.
Fuentes del Ministerio Público confirmaron la intención de pedir al Poder Judicial que prohíba la salida del país de Fujimori.
Uno de los abogados de Fujimori, Elio Riera, y la hija del preso y dirigente neoliberal, Keiko Fujimori, aseguraron que su padre no tiene planes para viajar al extranjero, el primero agregó que la defensa del exgobernante se opondrá a la posible solicitud, sin explicar el porqué.
Tras el irregular indulto anulado y esta semana revivido por el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial dejó también sin efecto el llamado “derecho de gracia” que pretendía dejar sin efecto el juicio pendiente por la matanza en la provincia de Barranca.
En aquella oportunidad, la justicia declaró la gracia “incompatible con los deberes de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones de derechos humanos, siendo además una medida que como hemos analizado colisiona claramente con derechos fundamentales amparados en nuestra Constitución”.
La matanza por juzgar se registró el 29 de enero de 1992, el jefe del Grupo Colina, mayor Santiago Martin Rivas, y varios miembros el ilegal destacamento, torturaron y mataron con disparos en la cabeza a John Calderón, Toribio Ortiz, Felandro Castillo, Pedro Agüero, Ernesto Arias y César Rodríguez.
Los detalles fueron informados a la fiscalía del caso por el militar Jorge Ortiz, quien participó en la matanza y señaló la responsabilidad de Fujimori, al confesar que el Grupo Colina dependía de una cadena de mando que integraban el entonces jefe del Ejército, el asesor presidencial Vladimiro Montesinos y Fujimori.
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