La caravana, que partió en la tarde de ayer desde Bogotá, la integra la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos que agrupa más de 200 organizaciones de derechos humanos y sociales.
Desde principios de este 2022, crecen las denuncias contra los hechos violentos perpetrados por grupos irregulares y el recrudecimiento de la guerra que obligan a los desplazamientos forzados y masivos de las comunidades, reclutamiento forzado de menores de edad, amenazas y asesinatos de líderes sociales.
A ellos se suma los riesgos para la población civil con el reforzamiento de la presencia militar del Estado.
En reciente entrevista, Camilo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), explicó a Prensa Latina que lo que sucede en Arauca es una disputa por el territorio que parece, en primera instancia, un enfrentamiento entre grupos del ELN con disidencias residuales del proceso de paz, comentó.
Pero la realidad es que hay allí un problema de fronteras, porque se trata de una franja donde no solo hay grupos armados, sino que es una zona donde hay muchos intereses por el tráfico de productos, petróleo y riquezas diversas, precisó González.
Aseguró que también hay intereses internacionales de por medio que azuzan y mueven fichas, operaciones encubiertas, pero sobre todo lo que está en cuestión de manera más visible es el control territorial.
En cuanto a la militarización del territorio con el presunto fin de detener la violencia recalcó que Arauca se ha convertido ya en un teatro de operaciones de guerra.
Las operaciones militares del Estado exacerban los conflictos y las situaciones de vulnerabilidad para la población civil, aseguró.
En su opinión, si hubiera tropas en función de la paz y la seguridad humana y eso se combinase con grandes políticas de inversión, sería lo ideal.
«Pero una presencia militar solo para ocupar territorios y hacer la guerra contra grupos armados es algo que no tiene salida», acotó.
Ante la grave situación que se presenta en Arauca y la frontera con Venezuela, las comunidades y diversas organizaciones en el nororiente de Colombia reclaman el cese de hostilidades entre los actores armados y también han formulado propuestas para la transformación del conflicto en la zona.
Entre ellas claman por la urgente atención humanitaria a las familias que han sido victimizadas con asesinatos, desapariciones y reclutamientos forzados.
Exigen a los grupos armados el alto al fuego y suspensión de las declaratorias de guerra para evitar muerte y daño, y al Estado que genere inversiones efectivas para apoyar los planes de vida de las comunidades y los programas sociales de respuesta a la crisis social y sanitaria en medio de la pandemia de Covid-19.
jha/otf
