“Nos vamos a allanar porque, como hemos indicado, una vez que Alberto Fujimori recupere su libertad, él va a estar con su familia, continuará su tratamiento médico y va a morir en el Perú”, sostuvo.
Hizo la declaración tras visitar a Fujimori en la exclusiva prisión que lo alberga en terrenos de una unidad policial y, según dijo, coordinó con su cliente la posición que llevará mañana a la audiencia que tratará sobre el pedido de arraigo del reo.
En la audiencia, la jueza Miluska Cano escuchará los alegatos de las partes sobre el pedido del fiscal Pedro Orihuela, de que se impida la salida del país de Fujimori durante 18 meses, para que afronte el juicio pendiente sobre la matanza de Pativilca.
La masacre de seis civiles fue cometida por el Grupo Colina, destacamento militar ilegal dedicado a dar muerte a sospechosos de terrorismo, que en este caso no eran tales, sino labriegos en conflicto con un empresario amigo de altos mandos militares.
El mismo grupo perpetró las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, por las que Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos bajo su gobierno (1990-2000).
Nakazaki pretende por otra parte que el Gobierno se abstenga de intervenir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que está adscrito el Estado peruano, aunque esa instancia pidió un informe oficial sobre el cuestionado indulto.
Sostuvo que quienes deben intervenir en esa instancia deben ser los miembros del Tribunal Constitucional (TC) que aceptaron un habeas corpus a favor de su cliente, aunque el Gobierno ha dicho que esa es tarea del procurador general, que es autónomo.
El abogado reaccionó contrariado a una pregunta sobre la declaración de un grupo de expertos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, que calificó el indulto como “un doloroso retroceso” para las víctimas de las matanzas por las que Fujimori fue condenado.
El pronunciamiento de los especialistas califica además la medida del TC como un golpe a la justicia y al estado de derecho, que va contra los estándares internacionales de derechos humanos que prohíben indultar a condenados por crímenes de lesa humanidad.
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