La Cuarta Sala Penal Superior Especializada en Crimen Organizado acogió en tal sentido el pedido de la fiscalía, precisó que los 18 meses son prorrogables y dictaminó además otras restricciones de movimiento para el expresidente (1990-2000).
La fiscalía pidió la medida ante la posibilidad de que Fujimori pueda fugar al exterior cuando sea liberado por una controvertida decisión del Tribunal Constitucional que restableció el indulto que le fue otorgado en 2017 y anulado por la Corte Suprema en 2018.
El exgobernante tiene pendiente un nuevo juicio por crimen de lesa humanidad, por la masacre de Pativilca, donde el 29 de enero de 1992 el destacamento militar Grupo Colina dio muerte a los civiles John Calderón, Toribio Ortiz, Felandro Castill, Pedro Agüero, Ernesto Arias y César Rodríguez.
El mismo escuadrón fue autor directo de las dos matanzas por las que Fujimori fue condenado como autor mediato a 25 años de prisión y su reciente indulto es impugnado por fuerzas políticas, organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas.
La medida puede ser anulada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que está adscrito el Estado peruano y cuyas normas prohíben indultar a condenados por crímenes de lesa humanidad.
Entretanto, uno de los abogados de Fujimori, Elio Riera, aseguró que su cliente, cuya liberación está pendiente, vivirá en la casa de alguno de sus cuatro hijos.
Fujimori fugó del país en 2000, ante un escándalo de corrupción y fue cobijado en Japón, de donde viajó a Chile en noviembre de 2005, al año siguiente fue extraditado a Perú, donde fue juzgado y condenado a 25 años de prisión en 2009, aunque su encierro se cuenta desde su detención al llegar a Chile.
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