La ministra Loretta Ortiz de la SCJN, declaró que el interés público debe prevalecer sobre el individual, como se plantea en los proyectos en los cuales propone a la máxima instancia judicial avalar la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), promulgada el 9 de marzo de 2021.
De esa manera respondió a acciones de inconstitucionalidad promovidas por senadores de oposición, a otra de la Comisión Federal de Competencia Económica, y una del gobierno de Colima, e indirectamente a amenazas desde España.
Las demandas coinciden en alegar una vulneración a principios de libre competencia en ese mercado, a lo que Ortiz estimó que el legislativo está dotado de plena libertad configurativa, especialmente considerando que el Estado debe garantizar el acceso a la energía eléctrica, tanto como un servicio y un derecho humano.
Ello acredita, refirió, que las reformas en cuestión atienden un interés público que debe prevalecer sobre particulares y parte de la base de que el Estado debe cumplir su deber constitucional regulador de un servicio básico, al cual tienen acceso todos los mexicanos y no solo con base en las normas del libre mercado.
El Estado mexicano, aclaró, debe velar por el desarrollo integral y de manera sustentable, fortaleciendo la soberanía de la nación y su régimen democrático.
De igual manera, el proyecto de Ortiz también contesta al argumento de que la ley eléctrica violaría los tratados comerciales internacionales, al favorecer a la Comisión Federal de Electricidad, pero no hay tal vulneración, pues se trata de una empresa productiva del Estado, y no una privada.
Ese principio en cuestión no necesariamente requiere que el Estado dé un trato favorable a una parte inversionista o inversión de otro Estado parte, ni que otorgue ventajas a inversionistas de otros países, indicó la magistrada.
La parte accionante, señaló, está encaminada a demostrar que se da trato preferencial a la Comisión Federal de Electricidad, pero es empresa propiedad del Estado mexicano y no de otro distinto.
El proyecto de la ministra responde a amenazas lanzadas desde Madrid, sede de la empresa Iberdrola y una de las que monopoliza el mercado eléctrico mexicano, por Juan Fernández, secretario de Estado para Iberoamérica.
Ese funcionario amenazó con una reacción muy clara del gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, contra la reforma energética impulsada por el ejecutivo mexicano.
Fernández lamentó que en ocasiones tienen que hacer frente a “prejuicios” de “nuevas clases dirigentes”, y como para sembrar temor recordó que las empresas españolas tienen alrededor de 150 mil millones de euros invertidos en América Latina, la mitad en México, donde calcula hay más de siete mil compañías.
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