El jurista Carlos Rivera, de activa participación en el juicio al exgobernante (1990-2000), declaró a Prensa Latina que ese es el tiempo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que está adscrito Perú, se tomará para dictaminar contra el indulto dictado el 17 de marzo por el tribunal Constitucional (TC).
El letrado tuvo una destacada participación como representante de la parte civil en el juicio a Fujimori, que culminó con una condena de 25 años por homicidio y secuestro agravado, que configuran crímenes de lesa humanidad.
Aseguró que no hay posibilidad de que la corte externa se inhiba de responder a la denuncia de los deudos de las víctimas contra el fallo del TC peruano o lo avale, pues es su obligación supervisar el cumplimiento de la condena a Fujimori.
Rivera explicó que la CIDH tiene consolidada su jurisprudencia, en la que es emblemático el caso Barrios Altos, una de las matanzas por las que fue condenado Fujimori.
Además, la corte estableció los requisitos para que la justicia peruana considere un posible indulto humanitario y lo hizo al rechazar el decretado en 2017 a favor de Fumimori, anulado por ilegal en 2018 y restablecido por el TC la semana pasada invocando el estado de salud del expresidente.
Entre esos requisitos, el abogado mencionó la verificación del estado de salud del preso, el reconocimiento de su culpa y el pedido de perdón a los deudos de las víctimas, a lo que Fujimori se niega.
Por su parte, Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes victimados en la masacre de La Cantuta de 1992, manifestó indignación por el fallo del TC y el uso frecuente de la edad de Fujimori (83) y su salud para engañar a la justicia.
En declaraciones al semanario Hildebrandt en sus 13, dijo que si la salud del preso estuviera gravemente afectada y las cosas se hicieran en forma transparente y legal, aceptaría “que se vaya a su casa”, mientras el jurista Luciano López sugirió una norma que permita que el reo cumpla su condena en su domicilio.
El pimer ministro, Aníbal Torres, anunció esta semana que el Gobierno debe acatar el fallo del TC, pero eso no impide que lo impugne, con estricta legalidad, ante la Corte Interamericana, cautelando los derechos de las familias afectadas por sus crímenes.
Entretanto, sigue pendiente la excarcelación de Fujimori, a la espera que los seis jueces del TC fundamenten su voto o expire el plazo que tienen para hacerlo, el lunes próximo.
Y cuando salga de la prisión estará sometido a una especie de libertad condicional y prohibido de salir del país durante 18 meses, para garantizar su asistencia a un nuevo juicio por una matanza de seis civiles, similar a las dos por las que fue condenado como autor mediato.
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