El dictamen despejó el camino a la excarcelación del expresidente de 83 años que gobernó con mano dura entre 1990 y 2000 y fue condenado por crímenes de lesa humanidad a 25 años de cárcel sin derecho a indulto.
La ejecución del indulto estaba pendiente de la publicación de la sentencia y la demora dio pie a comentarios críticos, como confirmación de que la resurrección del indulto decretado en diciembre de 2017 y anulado al año siguiente por la Corte Suprema.
El fallo deja sin efecto la decisión de esa corte, que la tomó tras constatar la ilegalidad del indulto por irregularidades en la verificación de que el reo estaba muy mal de salud y su vida peligraba en prisión, lo que el TC dio por hecho sin contar con una nueva evaluación médica del preso.
El abogado de la parte civil en el juicio a Fujimori como autor mediato de dos matanzas de civiles inermes cometidas por un comando militar ilegal, Carlos Rivera, declaró la semana pasada que el expresidente volverá a la cárcel dentro de unos meses.
Explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que está adscrito del Estado peruano, monitorea el cumplimiento de la condena a Fujimori y anulará la decisión del TC.
De otro lado, una encuesta del no gubernamental Instituto de Estudios Peruanos (IEP), confirmó lo controvertido de la reactivación del indulto al exgobernante, al indicar que el 52 por ciento de los consultados está contra la medida del TC y 43 por ciento está a favor de la misma.
Como ocurrió tras el indulto de 2017, la decisión del TC provocó protestas en Lima y diversas ciudades del país.
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