El periódico digital The Irrawaddy asegura que la legislación también amplía sus poderes para restringir las libertades civiles de los ciudadanos.
La normativa llega en un momento en que las fuerzas del régimen están sufriendo enormes bajas tanto en áreas urbanas como rurales, en medio de una feroz resistencia armada civil.
Al mismo tiempo, la junta lucha con un número creciente de desertores, así como con una caída en el reclutamiento, ya que la brutal represión del ejército contra los manifestantes ha provocado el rechazo popular.
Mas de nueve mil soldados del régimen murieron y tres mil 158 resultaron heridos entre el 1 de junio de 2021 y el 21 de febrero de 2022, según el Gobierno de Unidad Nacional paralelo.
El número de desertores del ejército también está aumentando y se cree que asciende a cerca de tres mil, incluidos algunos comandantes de batallón, mientras que unos siete mil policías han desertado, según el canal de la Policía de Myanmar.
La promulgación de la Ley de Policía de Myanmar podría verse como una señal de desesperación por parte del régimen, al recurrir a medidas legales para resolver los problemas de recursos humanos del ejército.
En este sentido, la disposición quinta establece: “En el momento necesario, la policía debe intervenir en los asuntos de defensa y seguridad del Estado”.
La resistencia al golpe de Estado de febrero de 2021 se inició en las calles, pero luego se trasladó al interior del país, particularmente en los estados de Chin y Kayah y en las regiones de Sagaing y Magwe.
Desde el 1 de julio de 2021 hasta el 20 de marzo de 2022, estallaron un total de dos mil 193 batallas en esas regiones, según ISP Myanmar, un grupo de monitoreo independiente.
Ninguna de las leyes policiales anteriores de Myanmar (1899, 1945 y 1959) mencionaban la defensa del Estado, ni tampoco se contempla esta posibilidad en la lista de deberes de la Fuerza de Policía nacional.
Fuentes consultadas coincidieron en que la nueva normativa expone la falta de personal militar, y aunque se entiende que la policía debe cooperar con los militares durante las emergencias estatales, esto siempre se ha entendido para situaciones como la defensa civil durante una invasión extranjera.
Además, la nueva ley de policía otorga autoridad a los agentes del orden para tomar medidas sin orden judicial contra cualquiera que golpee ollas y sartenes, un método colectivo popular de protesta contra el régimen.
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