La misiva, dirigida al titular de la CIDH, Ricardo Pérez, expresa que “me comprometo a cumplir cabalmente con las resoluciones que la Corte pueda emitir” en todos los casos que fueran sometidos a la CIDH en los que Perú es parte.
Cita al respecto los artículos de la Constitución peruana que así lo determinan, al igual que las obligaciones contraídas por estar el país adscrito a ese tribunal.
Castillo desestimó así la exigencia del partido Fuerza Popular, de la hija de Fujimori, Keiko, de que el gobierno rechace la decisión de la corte.
Esa instancia dispuso que Perú se abstenga de dar libertad al expresidente hasta que la CIDH decida sobre la impugnación de familiares de víctimas de dos matanzas por las cuales el preso fue condenado.
La carta comienza expresando la solidaridad de Castillo “con los familiares de quienes fueron víctimas de graves violaciones contra los derechos humanos” en las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.
De otro lado, diversas organizaciones de derechos humanos de América Latina pidieron la nulidad del restablecimiento del cuestionado indulto a Fujimori, congelado por esa entidad regional.
El pronunciamiento contra la reactivación del indulto por el Tribunal Constitucional (TC), pese a que en 2018 la Corte Suprema lo declaró ilegal y lo anuló, fue firmada por organizaciones defensoras de derechos humanos de Argentina, Brasil, Chile y Colombia.
También suscribieron instituciones similares de República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá Estados Unidos y otro países.
La carta recuerda que Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, ejecutada por un destacamento militar dedicado a asesinar sospechosos de terrorismo y en la que murieron 25 civiles inermes y ajenos a esa actividad.
Agrega que también fue condenado como autor mediato de secuestro por otros casos de corrupción, peculado doloso, corrupción y usurpación de funciones. La carta apunta que, además, bajo el gobierno fujimorista (1990-2000) se registraron violaciones a los derechos humanos, como secuestros, esterilizaciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales.
Según la comunicación, al reactivar el indulto, el TC ignoró los estándares establecidos por la CIDH para un indulto humanitario, que exigen un peritaje que verifique el estado de salud muy grave del beneficiario.
Asimismo se requiere que el preso reconozca sus crímenes, aporte al pleno esclarecimiento de sus crímenes y pague a los deudos de las víctimas de la reparación establecida en la sentencia.
La exministra de Cultura Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes asesinados en la matanza de La Cantuta, dijo que los familiares se opondrían a un indulto humanitario, pese a cumplir plenamente los requisitos.
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