En exclusiva con Prensa Latina, González aludió al sesgo político e interés injerencista de dicho mecanismo, el cual, dijo, no puede aceptarse porque va en contra de la misma carta de la ONU.
La semana pasada el mencionado organismo aprobó una resolución que establece un grupo de tres expertos para investigar posibles violaciones de derechos humanos en el país centroamericano desde abril de 2018.
El documento se aprobó con 20 votos a favor, siete en contra y 20 abstenciones.
En ese sentido, el también profesor de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), aseveró que el mencionado Consejo tiene poca legitimidad al tratar la agenda de los derechos humanos.
“Cuando nos referimos a la legitimidad estamos hablando de algo sistémico, es decir, los países se organizan de modo que las relaciones internaciones sean racionales, consensuadas, pero, sobre todo, que los expertos de la ONU garanticen la aplicación de los principios para todos los pueblos, no para unos pocos”, explicó.
González calificó esa agenda de colonialista, y agregó que la misma es una estrategia de descredito contra los gobiernos de izquierda en la región.
“Cuando nombran comisiones de observación electorales, de derechos humanos o de cualquier otro tipo, son estrategias colonialistas para mantener un statu quo en función de una hegemonía que es la del norte”, afirmó.
Para el analista hay un aspecto contradictorio en este asunto, y es que hace pocos días nombraron a Nicaragua vicepresidenta de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura por sus rendimientos en soberanía alimentaria en la región.
“Al parecer, garantizar la vida, la soberanía alimentaria, no es un derecho humano para Naciones Unidas. Por tanto, no es una agenda de querer velar por esos derechos de manera integral, sino que busca imponer su hegemonía”, comentó.
El profesor universitario hizo referencia a los acontecimientos del país centroamericano en 2018, y cómo el gobierno sandinista invitó en ese momento a dos comisiones para observar el conflicto que existió.
“En ese entonces había un hecho concreto, pero ahora estamos en paz, por tanto, no hay motivos para dejar entrar a esa delegación, aceptarlo sería violar nuestra propia constitución política”, concluyó.
El jueves último, el gobierno del presidente Daniel Ortega y la vicemandataria, Rosario Murillo, rechazó cualquier resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU contra Managua por carecer de fundamento político.
El ejecutivo nicaragüense llamó a no centrar ni basar estas resoluciones en campañas mediáticas de desinformación y odio.
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