De quien gane, y en la forma que lo haga, dependerá mucho el futuro del país e incluso de los partidos políticos, porque están en juego las bases socioeconómicas que sostendrán a la sociedad mexicana en el futuro inmediato.
La reforma eléctrica deberá tomar forma de ley amparada en la constitución y con ella marcar caminos de soberanía semejantes a los transitados por Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateo con las nacionalizaciones del petróleo y la electricidad, que ahora incluye el litio.
Tal iniciativa es probablemente la parte más coherente de una filosofía nacionalista de rescate de la riqueza patrimonial, asentada en mecanismos de control para garantizar que nunca más el país sea saqueado y que sus beneficios sean distribuidos pensando primero en los pobres, según expresiones de López Obrador.
La batalla es compleja porque se trata del sector energético, el más penetrado por el capital privado extranjero y del cual emanaba el poder real de los partidos convencionales que les abrieron las puertas en un largo proceso neoliberal.
Para López Obrador la reforma eléctrica ataca en su génesis el problema nacional más difícil, que es el control de sus riquezas.
El objetivo práctico del gobierno es la eliminación de la corrupción y con ella de la impunidad, la violencia y el derroche suntuoso. El teórico es la recuperación de soberanía mediante acciones concretas que le devuelvan al pueblo lo robado incluido su patrimonio histórico, político, cultural y económico.
La reforma eléctrica es un punto neurálgico de ese proyecto con el cual el gobierno define dos cuestiones básicas: los recursos naturales son del pueblo y su control lo ejerce el estado.
Es el summum de su planteamiento, y ello pasa obligatoriamente por el fortalecimiento de las empresas estatales más productivas del país: Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad.
El desarrollo estratégico del sector no puede depender del interés ni de una visión externa ajena a la del país, por lo tanto, la empresa privada no puede actuar fuera de ese contexto.
La reforma no obvia al capital privado, en particular en las energías limpias -que ni genera todo lo necesario ni ha modernizado tanto como se proclama al sector- y sí se ha constituido en un modelo de saqueo y explotación, según López Obrador.
En esa enorme cadena de valores hay mucha gente involucrada, desde las grandes empresas españolas como Iberdrola, Repsol, OHL y otras, hasta estadounidenses y canadienses que son eslabones importantes y buscan proteger sus intereses con el Tratado de libre Comercio o TMEC.
Desde la época de Donald Trump hasta la de Joe Biden, el gran capital de Estados Unidos y la propia Casa Blanca, se han coludido con Madrid para oponerse a la reforma eléctrica con argumentos absurdos que van desde asegurar que la energía hidráulica es sucia, hasta afirmar que el actual gobierno es enemigo de las renovables.
La Casa Blanca ha enviado varias misiones, entre ellas una encabezada por la vicepresidenta Kamala Harris, y tres por John Kerry, pero no han logrado convencer a López Obrador en contrario a cómo piensa.
Esta semana es crucial porque las cámaras del congreso están en pleno debate y se espera que a mediados de abril se decida todo, una vez que el día 10 se realice el plebiscito para votar por la continuación o no de López Obrador en la presidencia.
Parodiando a García Márquez, los partidos de oposición están atrapados en su laberinto, pues fueron quienes entregaron el sector y pusieron en punto de quiebra a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, y ya declararon que votarán en contra de la reforma.
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